A partir de que Fox tomó posesión, era lógico pensar que se aceleraría el desmantelamiento del sistema paternalista que gobernó el país.

Pascal Beltrán del Río, Director Editorial de Excelsior

El viernes 2 de julio se cumplirá una década de la jornada electoral en la que la ciudadanía decidió acabar con 71 años de gobiernos surgidos del PRI y poner en la Presidencia al panista Vicente Fox.

Aquel fue, sin duda, el momento culminante de la transición a la democracia, un proceso de varias décadas en el que diversos sectores de la sociedad fueron resquebrajando el control férreo de un régimen que, a su vez, había ido perdiendo la confianza de los mexicanos en el manejo de la economía y la seguridad de la población.

Los terremotos de 1985 y la crisis financiera de 1995 fueron dos momentos culminantes en el desmoronamiento del sistema político creado por Plutarco Elías Calles y perfeccionado por Lázaro Cárdenas y sus sucesores: una alianza de sectores sociales que, mediante la adhesión corporativa e incondicional al partido oficial, lograban ventajas gremiales.

Las premisas de dicho sistema funcionaron hasta que la gran corrupción desatada durante el alemanismo entró en competencia con la posibilidad de mantener los beneficios sociales y fue necesario recurrir de manera creciente a la represión para guardar el control.

Luego vino el cambio demográfico a poner en aprietos aún mayores la viabilidad del régimen y éste tuvo que aceptar la pérdida de espacios de poder. Primero a nivel municipal (se dice, con razón, que la transición comenzó en los cabildos, con el otorgamiento de regidurías a los partidos de oposición), luego las gubernaturas, la mayoría en la Cámara de Diputados, el gobierno del Distrito Federal, y, finalmente, la Presidencia de la República.

A partir de que Fox tomó posesión, el 1 de diciembre de 2000, era lógico pensar que se aceleraría el desmantelamiento del sistema paternalista que gobernó el país durante más de siete décadas. Sin embargo, pese a algunos avances innegables en la relación entre gobernantes y gobernados, lo anterior nunca ocurrió.

Durante el régimen autoritario priista, millones de mexicanos aceptaron la ausencia de debate democrático en la vida comunitaria a cambio de pan y paz. La pobreza y el rezago educativo ayudaron a crear la percepción de que no convenía patear el pesebre.

A lo largo de los casi diez años que el PAN ha tenido la Presidencia, esas condiciones de desigualdad económica que dieron oxígeno al régimen priista no han desaparecido y, al contrario, se han profundizado. Tampoco ha habido mayor empeño por realizar una revisión del pasado a fin de que quienes se beneficiaron personalmente de los cargos públicos que ejercieron paguen por la comisión de sus faltas u omisiones.

Los antiguos partidos de oposición —porque en esto también ha sido corresponsable el PRD—no han procurado distinguirse por su forma de gobernar y han optado por imitar en muchos sentidos la del PRI.

Por eso no debe extrañar que diez años después de que fuera elegido el primer Presidente no priista, el partido tricolor gobierne 19 de las 32 entidades federativas, y que en 13 de ellas jamás haya habido un gobernador no priista desde que existe ese partido.

Si consideramos, además, la proclividad de los antiguos partidos de oposición de postular a candidatos con claros antecedentes priistas, tampoco debe ser visto como paradójico el que la lista de estados que gobierna el tricolor pueda ampliarse a 22, luego de las elecciones locales del domingo 4 de julio, pues hay amplias posibilidades de que el PRI recupere los estados de Aguascalientes, Tlaxcala y Zacatecas.

Cuando se conocen los antecedentes de muchos candidatos de PAN y PRD, y se suma a eso la tendencia de esos partidos de actuar como el PRI de antaño, parece hasta normal que el electorado opte por las versiones originales, encarnadas por los aspirantes priistas, que por las imitaciones.

Así que, ¿por qué podría ser un día de celebración para el PRI el décimo aniversario de su expulsión de Los Pinos? Por la sencilla razón de que los antiguos opositores, encabezados por el PAN, no han hecho mayor esfuerzo por diferenciarse del PRI y su estilo de gobernar; han convertido el ejercicio del poder en una oportunidad de obtener beneficios personales o de facción; han permitido el estancamiento de la política nacional para no afectar sus propios intereses, y, al igual que el PRI que fue castigado por los electores en 2000, han perdido la confianza de la ciudadanía.

A lo largo de los años 80 y 90, los antiguos opositores de derecha e izquierda tuvieron una participación fundamental en el movimiento por la democratización del país, e incluso fueron sus articuladores en muchos momentos. Hoy, los esfuerzos por desempantanar el debate en el Congreso y propiciar las reformas legislativas que requiere México para avanzar son eminentemente ciudadanos, sin participación de los partidos.

Hace varias semanas planteé en este espacio que para sacar a México del peligroso estancamiento social, político y económico en el que se encuentra sería necesario que la llamada sociedad civil desarrollara sus propias iniciativas de cambios en el marco legal, y que mediante la fuerza de sus organizaciones e individuos obligara a la clase política a actuar.

Afortunadamente esto ya ha comenzado a pasar en distintos frentes, mediante propuestas que tendrán que ser valoradas por sus méritos.

Una de ellas es la que promueve la organización México a Debate (www.mexicoadebate.org), un conglomerado de 200 organizaciones sociales que promueve un "acuerdo político nacional", para ser anunciado en julio entrante, suscrito por grupos e individuos.

Dice el escrito, que ya recorre las redes sociales: "El país se nos está escapando entre las manos. No podemos continuar con los brazos cruzados.

"Tenemos que tomar el toro por los cuernos y unirnos en lo esencial en un movimiento incluyente, pacífico y apartidista.

"Queremos un México cuya riqueza creciente alcance para todos; con empleos y oportunidades productivas; con seguridad pública; con educación con calidad para todos; queremos una nación con acuerdos".

De acuerdo con María Fernanda Garza, una de las impulsoras del acuerdo, éste es producto de una discusión colectiva que comenzó en 2006, a la que se han sumado organizaciones de todo tipo.

"No queremos que se le identifique con un grupo en particular, porque eso es lo que está frenando el avance de la sociedad", me dijo ayer la empresaria en una conversación telefónica. "Buscamos que sea lo más amplio posible y se base en aquello en lo que todos estamos de acuerdo e impedir que los partidos sigan teniendo secuestrada la agenda del cambio".

El tiempo dirá si propuestas como ésta se anclan en el ánimo de la sociedad de no aceptar el statu quo que está dando al traste con las posibilidades de que este país explote su verdadero potencial.

Lo seguro es que ninguno de los partidos representa ya el ansia de cambio. Y si se suceden unos a otros es sólo porque los electores castigan la ineficacia de los que gobiernan sin esperar mucho de los que entran al relevo.

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