La experiencia internacional documenta que una constante observable en la mayor parte de los procesos exitosos de transición democrática ha sido la celebración de acuerdos incluyentes y plurales en torno a un conjunto básico de principios y reglas. Los avances registrados por México en materia electoral han sido, sin duda, significativos. No obstante, nuestra democracia todavía no ha sido capaz de acreditar con claridad su capacidad de gobierno, su capacidad para dar respuesta a los principales dilemas del desarrollo y a las demandas de la población.
Ante este panorama, la construcción de acuerdos se erige en un imperativo. De los diferentes diagnósticos y propuestas que hemos discutido en este Seminario Internacional arribamos a la conclusión de que alcanzar un orden democrático con capacidad de gobierno es una prioridad que debe ser atendida con un claro sentido de urgencia. No podemos, como nación, darnos el lujo de sumar otros seis años de frustración por la falta de acuerdos. La alternancia constituye un hito clave de nuestra historia política. Pero no podemos cerrar los ojos ante los pobres resultados hasta ahora logrados. Lejos de la normalidad democrática, el conflicto improductivo ha sido una constante evidencia a través de los continuos desencuentros entre los poderes del Estado, de la parálisis legislativa y de la incapacidad gubernamental para satisfacer las demandas de la ciudadanía.
Más aún, en el marco del progresivo deterioro y polarización del ambiente político nacional que hoy padecemos, la obsolescencia de las reglas del juego se vuelve patente a la luz del peso creciente de la racionalidad electoral que atraviesa todos los procesos de decisión, así como de la influencia de los poderes fácticos. Esta situación define un campo preciso de acuerdos básicos dirigidos a dotar a nuestra democracia de un conjunto de reglas reforzadoras de su capacidad de gobierno y de su capacidad de interlocución con las diferentes expresiones de la sociedad. Y aunque el objetivo último sea lograr consensos amplios en torno a los temas centrales de la agenda económica y social, consideramos que un primer paso es un acuerdo de gobernabilidad, un pacto sobre las reglas garantes de la estabilidad política y de la interlocución civilizada entre los distintos actores políticos, económicos y civiles.
Durante los tres días en que hemos estado reunidos en ocasión de este Seminario Internacional, hemos tenido la oportunidad de reflexionar en torno al modo en que un nuevo esquema de relación Estado-sociedad plantea una visión renovada de gobernabilidad según la cual su insumo estratégico es la capacidad para sumar y articular los recursos del Estado y la sociedad en torno a un proceso paralelo de consolidación de la institucionalidad democrática (reforma del Estado) y de la construcción de ciudadanía (derechos humanos integrales).
Lograr acuerdos en torno a estos temas implica la conjunción de una amplia gama de voluntades portadoras de visiones de país muy diversas. Mas es esta diversidad de posturas a conciliar la que determinaría la fuerza de los pactos eventualmente alcanzados. La tarea no es sencilla, aunque sí indispensable. Los puentes del diálogo deben tenderse ya. Y en dicha tarea han de concurrir tanto los actores políticos como los actores sociales.
Es por ello que las organizaciones civiles e instituciones abajo firmantes hacemos un llamado para que juntos, sociedad civil y clase política, transitemos por una ruta para la construcción de acuerdos en tres tiempos.
1. Un pacto de gobernabilidad dirigido a privilegiar las propuestas y deponer las actitudes beligerantes y los discursos polarizadores que amenazan la civilidad del proceso electoral, la estabilidad social y la posibilidad misma del diálogo y negociación constructiva después del 2 de julio.
2. Crear las condiciones para un Diálogo Democrático Nacional que, aprovechando el espacio de neutralidad ofrecido por las Naciones Unidas, nos permita alcanzar un acuerdo básico entre las diferentes plataformas y propuestas de acuerdo de la sociedad civil actualmente existentes.
3. Sobre la base del Diálogo Democrático Nacional, arribar a los consensos básicos para la consolidación de la democracia a través de una reforma constitucional del Estado que, a su vez, amplíe los cauces de nuestro desarrollo económico y social y dé sustento a una inserción autónoma de nuestra Nación en la compleja realidad del mundo contemporáneo.

AGENDA CIUDADANA PARA LA REFORMA DEL ESTADO, UN NUEVO PROYECTO NACIONAL Y UNA ESTRATEGIA DE DIÁLOGO
La Agenda Ciudadana para la Reforma del Estado y un Nuevo Proyecto Nacional es un logro de un gran y extenso diálogo nacional entre diversos actores.
Aquí están presentes las ideas y experiencias de actores civiles (empresarios, sindicalistas, intelectuales, feministas, indígenas y muchos luchadores sociales, civiles y humanitarios) y políticos (partidos políticos, funcionarios gubernamentales, grupos parlamentarios y organismos autónomos), al fin y al cabo, todos integrantes de esta gran nación y país, que es México.
No obstante, también debemos agradecer las invaluables aportaciones de actores internacionales. Los grandes aportes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Unión Europea son altamente significativos. No menos importantes son las contribuciones que nos han dispensado distinguidos pensadores de diversas latitudes, quienes generosamente han venido a México a compartir su visión y larga experiencia. Nuestra infinita gratitud para todos.
Así pues, a partir de la síntesis de todos estos esfuerzos, hemos llegado a estructurar la presente Agenda Ciudadana que incluye tres grandes rubros.
Primero. Reforma Política
La gran Reforma Política, que se divide, a su vez, en tres grandes temas:

1. La Reforma del Estado: Federalismo y autonomías, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Derechos Humanos y recuperación del Estado para los ciudadanos;
2. La Reforma Electoral: relación ciudadanos y representantes, campañas políticas y calendario electoral, financiamiento público, transparencia y costos; medios de comunicación;
3. La Reforma al Sistema de Partidos: reglas de competencia, financiamiento público y privado, transparencia, campañas políticas y Candidaturas Ciudadanas (reglas para la participación de la ciudadanía en los procesos electorales).

Segundo. Reformas Económicas, Sociales y Culturales
Las grandes reformas Económica, Social y Cultural, que hemos dividido en los siguientes temas sustantivos.

1. La Reforma de la Economía. Reforma hacendaria; Promoción del Desarrollo Regional; Competitividad, Globalización y Derechos Laborales. Definición de las relaciones fundamentales entre el Estado, el Mercado y la Sociedad.
2. La Reforma Social. Combate a la pobreza y la desigualdad, recuperación de las responsabilidades del Estado en materia social (asistencia a grupos rezagados, políticas de redistribución del ingreso).
3. La Reforma Cultural. Derechos Humanos y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales; igualdad en derechos y oportunidades para hombres y mujeres.

Reforma Constitucional
Todas las grandes reformas en materia política, económica, social y cultural son objeto de una gran Reforma Constitucional, que deberá ser la síntesis de un nuevo Proyecto de Nación incluyente, para generar la posibilidad de un verdadero desarrollo nacional compartido. De hecho, existe un tácito consenso en la necesidad de construir una nueva Constitución General de la República.
Tercero Estrategia para el Diálogo Nacional

1. Promover la institucionalización del Diálogo (Ley para el Diálogo Nacional)
2. Diseño de una estrategia para la convocatoria y diseño del Diálogo Nacional (Comisiones Nacionales)
3. Diseño de una estructura nacional incluyente para encarar las grandes reformas.

Las propuestas específicas para todos estos grandes temas se encuentran desglosadas en las conclusiones que a continuación se exponen, de acuerdo con la discusión de los paneles del Seminario Internacional “Acuerdos Básicos para la Consolidación de la Democracia.

PANEL MARCO

ACUERDOS BÁSICOSPARA LA
INSTAURACIÓN DEMOCRÁTICA
Fundamentos

1. La construcción de un escenario de diálogo abierto e incluyente entre todos los actores de la sociedad debe ser el primer propósito y objetivo para alcanzar los Acuerdos Básicos para consolidar el cambio democrático y allanar el camino a un futuro más promisorio para todos los mexicanos.
2. El Diálogo Democrático y los Acuerdos Básicos son la estrategia central para dar respuesta cabal a las asignaturas pendientes y a las múltiples demandas de la sociedad.
3. México requiere de un nuevo sistema político más acorde con los valores y las prácticas democráticas.
4. Son condiciones básicas para la construcción de un auténtico y efectivo Estado de Derecho, garante del desarrollo económico y de la justicia social.
5. Es la salida democrática a la parálisis institucional y el desencuentro entre los poderes del Estado y la ciudadanía.
6. En la encrucijada de la lucha política actual, se precisa fundamentar también la construcción de un proyecto común de nación, compartido en sus características más básicas y esenciales. El propósito es que todos los actores políticos, sociales y civiles nos pongamos en una mesa para construir las bases mínimas para llegar a un acuerdo para elaborar un nuevo proyecto de país.
7. Para lograrlo, necesitamos actitudes renovadas, necesitamos una nueva mentalidad que, libre de cálculos mezquinos y de fijaciones ideológicas, nos permita buscar las coincidencias y privilegiar el interés de México.
8. La transición democrática no posee un rumbo asegurado. Pero no lo tendrá si no se construye un proyecto solidario, plural e incluyente, al servicio de las personas, de las familias, de sus valores y de su historia. Necesitamos que sea incluyente, desde el principio, para poder hacer de nuestra Nación, realmente, una Patria para todos.
9. Combatir la inseguridad, la pobreza, el crimen organizado, la injusticia y tantos otros males pasa por reorganizar la relación entre la sociedad civil y el poder público. No sólo se trata de reconstruir el Estado a través de la Reforma del Estado, sino de rediseñar las relaciones normativas entre el Estado, la sociedad civil y el mercado.
10. La tarea colosal que se propone requiere de un ingrediente paralelo y consustancial, que es el fenómeno cultural, basado en una ética social fundada en valores históricos universales como los de la justicia para todos, la igualdad ciudadana y la libertad.
11. En el caso de México, será importante que la estrategia tenga un soporte institucional que de cobertura y plena validez a la participación de la sociedad civil. Explorar la conveniencia y las posibilidades para el establecimiento de una Ley del Diálogo para la Consolidación Democrática y para el Modelo de Desarrollo será una de las primeras tareas de la misma sociedad civil.
12. Tal vez la variable más importante de la actual perspectiva mexicana consiste en fortalecer lo que algunos especialistas y distinguidos luchadores sociales han denominado el Activo Ciudadano Capital Público Agregado, que consiste, para mencionarlo en términos sencillos y de comprensión general, en la incorporación de la ciudadanía a las decisiones y acciones públicas. Esto significa que la concepción del Estado de Derecho implica la recuperación del Estado para la ciudadanía, para que ambos puedan trabajar cooperativamente en un Proyecto Común de Nación.

El marco internacional

1. La democracia no es sólo una necesidad interna de México, es una condición para sus relaciones internacionales de carácter económico y político.
2. Lo que ocurra en México en materia electoral, de diálogo político y derechos humanos es de interés para las principales naciones con las cuáles el país mantiene relaciones económicas, comerciales y diplomáticas.
3. México no puede sustraerse al mundo globalizado. Por el contrario, asume, principalmente a través de los tratados internacionales, un complejo mundo de compromisos sociales y políticos que está obligado a cumplir, pues se trata de mandatos equiparables al mandato constitucional que rige la vida interna de la nación.
4. El respeto a los Derechos Humanos, por ejemplo, no es sólo un compromiso del Estado Mexicano ante los ciudadanos del país, sino un compromiso legal con el resto del mundo organizado.
5. De igual forma, la Democracia como régimen político es un compromiso que fundamenta importantes relaciones económicas, comerciales y de cooperación con muchas otras naciones, especialmente con la Unión Europea.
6. Paralelamente, el fortalecimiento de la ciudadanía como portadora de derechos integrales que le son inherentes es un compromiso jurídico y ético político de las relaciones globales de México. Además de ser base de la cooperación internacional.
7. En este punto, las relaciones internacionales de México, fundadas en la cooperación y el multilateralismo, se establecen para colaborar en proyectos y programas que tiendan a solucionar los problemas relacionados con la paz y la cohesión social de cada país.
8. De esta manera, el enfoque para solucionar los ingentes problemas de la desigualdad social, de la pobreza, de la injusticia, del respeto a los derechos humanos, y muchos otros más, parte de considerar que tales asuntos son una responsabilidad compartida de las naciones comprometidas de jure en los organismos internacionales.
9. De manera particular, será importante encontrar soluciones para frenar el binomino perverso de México y América Latina constituido por la correlación entre pobreza y desigualdad, que continuamente conspira y socava los logros de las reformas democráticas.
10. El fortalecimiento de la sociedad civil en cada país es una condición tan necesaria como las reformas de las instituciones democráticas. Ambas cosas son una de las condiciones estructurales del Estado de Derecho. El gran objetivo estratégico en este aspecto, compartido con otras naciones, particularmente de América Latina, es construir una sociedad civil conductora de su plan de vida, de manera responsable y no solamente sujeto de las políticas públicas.

Características de la Agenda

1. La Agenda Ciudadana, por obvias razones, es claramente diferenciable de la Agenda de los Partidos Políticos o de otros actores organizados.
2. Pretende recoger y sintetizar aspiraciones compartidas por los miembros, organizados o no de la sociedad civil, para contribuir a la construcción de un nuevo orden socio-político más justo y equilibrado.
3. En estos momentos, la Agenda Ciudadana se propone la construcción de espacios de encuentro y diálogo para la nación. El anhelo compartido es habitar una democracia más inclusiva, equitativa, participativa y solidaria. El primer paso es ir definiendo la Agenda misma y los espacios democráticos que deben ser fortalecidos.
4. El segundo paso, según se propuso en el Seminario Internacional, sería la construcción misma del diálogo entre actores políticos y no políticos. Es una condición indispensable para superar la concepción primitiva de que la sociedad civil y el Estado son entes disociados. El Estado es un Estado de los Ciudadanos, en múltiples ocasiones se ha insistido en la necesidad de recuperar el Estado para los ciudadanos.
5. La legitimidad del Estado, cada vez más, debe estar fundada en la ciudadanía, como una condición indisoluble de la Democracia. Es la apertura al Estado de Derecho, en la que nadie está por encima de la Ley.

LOS TEMAS DE LA AGENDA

1. La consolidación democrática y la experiencia internacional
2. Diversas transiciones democráticas en el mundo indican que es preciso considerar que en México la transición es un ejercicio inconcluso.
3. La evolución democrática mexicana ha llegado al punto de la alternancia pacífica, pero hace falta la ruptura con las antiguas instituciones de gobierno y la invención colectiva de las normas y paradigmas de la democracia del país.
4. Para consolidar la democracia electoral en México es preciso consolidar al órgano electoral independiente del gobierno.
5. En segundo lugar, evolucionar en el sentido de mantener al gobierno alejado de los procesos electorales, incluidas particularmente las campañas electorales.
6. Una tercera propuesta, más compleja, es la democratización del sistema político. Hoy hay un reparto de poderes entre los partidos y poderes fácticos, disociados de la ciudadanía.
7. El punto estratégico es fortalecer al Estado en dos sentidos. Primero, obligarlo a reasumir, con recursos, sus responsabilidades sociales. Segundo, recuperar su soberanía respecto de los poderes fácticos, particularmente respecto de los medios de comunicación.
8. La tarea es reconstruir al Estado, definiendo las relaciones entre Estado y mercado, y definiendo las relaciones entre Estado y sociedad.
9. La tarea central (como se concluyó en Pátzcuaro), es la Reforma del Estado. Necesitamos más Estado democrático y más ciudadanía participativa.
10. No hay duda sobre el punto de que la Reforma del Estado sólo puede ser el resultado de una Constitución General de la República. Así lo muestran las diversas experiencias internacionales exitosas en la mayoría de los países que han arribado a la consolidación democrática.
11. Por nuestra tradición histórica, pero sobre todo por las ingentes necesidades sociales, el modelo económico que presupone el retiro del Estado de sus responsabilidades sociales ha mostrado sus límites. La Reforma del Estado no es viable sin un Proyecto de Nación, integral, más justo e incluyente en su diseño.
12. El primer paso concreto consiste en construir un Pacto Parlamentario para construir una mayoría política capaz de dar consistencia a un Diálogo Nacional, que incluya a todo el espectro nacional de la sociedad civil.
13. Es deseable que en el Congreso de la Unión se formen dos comisiones parlamentarias con representación de los partidos políticos. Una para que convoque y proponga las modalidades de un Diálogo Nacional. Y, otra, que proponga acuerdos políticos para hacer gobernable la transición.
14. En este punto, es inevitable volver a mencionar la necesidad de revisar la constitucionalidad del país.
15. La experiencia internacional muestra que la transición mexicana ha sido demasiado gradual, pero pacífica. Ha sido lenta y cara, pero requiere comenzar a ser funcional (resultados para la gente) e incluyente desde el principio para tener éxito.
16. El sistema de partidos debe ser fortalecido, pero sin vincular las instituciones representativas directamente con los ciudadanos las reformas fracasarán, como ha ocurrido en otras latitudes. La democracia no se impone, para consolidarla debe ser un esfuerzo ciudadano colectivo.
17. Otras transiciones han hecho ver que las posibilidades de éxito democrático se ubican en la construcción de espacios institucionales para dirimir con eficacia los conflictos sociales y políticos.
18. Las propuestas concretas en este punto son tres: 1. No solapar la impunidad de ningún poder, en otras palabras Estado de Derecho; 2. Construir la ciudadanía como sujeto participativo; y, 3. El Estado tiene que trabajar con la sociedad civil para alcanzar fines comunes o el bien común, de tal manera que Estado y sociedad civil enfrenten, juntos, los desafíos de la vida cotidiana, incluyendo terrenos de la seguridad pública, del desarrollo productivo, de la educación y el respeto por los demás.
19. Estos tres temas, junto el de la consolidación del sistema electoral autónomo, tienen que estar incluidos en la Constitución.

2. Los acuerdos y desafíos de la democracia mexicana

1. Una condición indispensable de la democracia es el Acuerdo Básico para la competencia política por el poder y para el ejercicio también democrático.
2. Son pactos políticos que la sociedad establece. México requiere pactar la democracia en donde el principio de la mayoría, reconozca también los derechos y la participación de las minorías en el juego político. Es una condición de la gobernabilidad y la estabilidad política.
3. El reto es que las fuerzas políticas acepten el compromiso. Entendido el acuerdo como parte del orden jurídico para garantizar una duración relativamente larga en el tiempo.
4. No obstante, el gran reto es culminar la transición de un orden político a otro, y esto es lo que falta en México. El Gran Pacto debe ser justo ese cambio, que es el de la instauración y consolidación de la democracia.
5. Debemos crear un nuevo pacto social, plural y horizontal, que incluya la justicia distributiva y una política social incluyente.
6. Hay que replantear la relación entre el Estado y la sociedad civil, pero primero debemos empatar la relación entre los actores políticos y los de la sociedad civil, cuyas dinámicas están disociadas.
7. Es pues indispensable la creación de “valor público”, que es la alianza del Estado y del gobierno con la sociedad civil, que es justamente lo que hace posible la creación del denominado valor público agregado.
8. El reto de un auténtico cambio democrático es modificar la estructura institucional para dar cause a una mayor participación ciudadana en las decisiones del ámbito público, a una redistribución efectiva y eficiente del poder y a una mejoría sostenida en las condiciones de vida de la población.
9. En estos momentos, es urgente llegar a un acuerdo sustantivo entre las fuerzas políticas y las distintas expresiones de la ciudadanía que permita el establecimiento de mecanismos institucionales específicos de diálogo que faciliten ir alcanzando un entendimiento entre varios actores relevantes, en un proyecto compartido, acordado y con fuerza vinculante para avanzar en la construcción de la necesaria institucionalidad democrática.
10. Este proyecto requiere trabajar mediante el diálogo plural y respetuoso al menos en cinco campos: justicia y seguridad, institucionalidad política, política económica, régimen social y cambio cultural.
11. En principio, resulta impostergable avanzar en una profunda transformación en el sistema de justicia en México y someter al escrutinio público, a la transparencia y a la rendición de cuentas, tanto a los poderes judiciales como a las instituciones de seguridad en todo el territorio nacional.
12. Unificar en el Poder Judicial de la Federación los órganos jurisdiccionales que están en el ámbito del poder Ejecutivo, incluyendo los tribunales laborales, administrativos, agrarios y militares y excluir la procuración de justicia del Sistema Nacional de Seguridad Pública
13. En lo político sería necesario avanzar en la reforma electoral, aceptando reducir la duración y los recursos destinados a las campañas y regular las precampañas, así como rescatar la autonomía y el carácter ciudadano de las autoridades electorales, y acordar la formulación de una legislación que regule la vida interna de los partidos políticos y sus relaciones con la ciudadanía y el Estado.
14. En la consolidación de un régimen democrático es necesario acordar y avanzar en la institucionalización de mecanismos de participación directa como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.
15. La política económica es el área menos sometida al escrutinio y a la participación ciudadana en México. Esto es insostenible en las actuales condiciones de pobreza y desigualdad. Ya contamos con un Instituto de Evaluación de la Política Social, ampliemos sus funciones para que también evalúe los efectos sociales de las políticas económicas.
16. Acordemos revisar la política salarial y en particular la del salario mínimo. A diferencia de lo ocurrido en la transición española, tenemos que encaminamos hacia una estrategia paulatina de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos. Los bajos salarios en México son causa eficiente de la pobreza de las familias.
17. La urgente necesidad de un pacto fiscal que aumente los recursos disponibles para el presupuesto público y reduzca la dependencia de recursos provenientes del petróleo, debe ser parte de los acuerdos fundamentales en el campo económico.
18. En el campo social sería necesario construir un acuerdo que armonice la política social tendente a la realización de los derechos humanos económicos, sociales y culturales universales con aquella que focaliza la atención en la población pobre y los grupos de alta vulnerabilidad.
19. Es necesario establecer mesas de diálogo específicas con miras a acordar la integración de un sistema nacional de salud único y un acuerdo por la calidad, pertinencia y cobertura de la educación.
20. La incorporación de comportamientos democráticos en una sociedad con fuertes tendencias autoritarias demanda de una acuerdo para la promoción de la cultura democrática incorporando todos aquellos sectores que inciden en la formación de los ciudadanos, incluyendo a los dueños de los medios de comunicación, las autoridades escolares, las asociaciones de padres de familias y de maestros, las organizaciones civiles y sociales, los partidos políticos, las autoridades electorales y las comisiones de derechos humanos.
21. Las tareas por realizar en materia de diálogo en una sociedad tan desarticulada y fragmentada como la nuestra son enormes. El reto inmediato es lograr detener la profundización de la confrontación y de la polarización.
22. Las elecciones del 2006 no son, ni serán suficientes para resolver los problemas de la transición. No es tan cierto que haya parálisis, sino que la dimensión del conflicto es inédita y puede conducir a regresiones antidemocráticas.
23. Hay que darle valor público a lo que se entrelaza con la dinámica de esta elección. Es decir que tenemos, ante la urgencia de los problemas, que aportar una categoría diferente y una serie de iniciativas que no están puestas ni en los partidos, ni el los candidatos, ni en el gobierno.
24. Es preciso, primero un gran diálogo y un gran consenso, entre la misma sociedad civil con objeto de plantear sus prioridades, y las de la nación, para resolver este intervalo entre un régimen y otro. Esto es pactar la transición.
25. Construir el interlocutor civil del gran pacto para la transición es la primera tarea, cuyo primer punto incluya la construcción de una gobernabilidad basada en una agenda mínima de consenso, inclusión, la transparencia, diversidad, pluralidad y participación democrática.
26. Desde el principio, deben asumirse los problemas de la pobreza y la desigualdad. De la misma manera enfocar el Estado de Derecho sobre la base de la seguridad y los derechos humanos como partes constitutivas.
27. La Reforma del Estado debe plantearse la construcción de un nuevo régimen, que no podrá existir sin una nueva legitimidad y sin nuevos actores sociales que le den al nuevo régimen, al nuevo gobierno, la posibilidad de transitar. Construir las bases sociales del nuevo régimen es parte de la vocación de la sociedad civil. No puede atenerse exclusiva o privilegiadamente a la crítica del statu quo.

 AGENDA PANEL I

EL RÉGIMEN DE GOBIERNO: FUNDAMENTOS
INSTITUCIONALES DE LA GOBERNABILIDAD
Régimen de Gobierno y arquitectura institucional
Una de las más importantes tareas para el Diálogo Político Nacional y la construcción de Acuerdos Básicos es, indudablemente, estudiar la experiencia internacional y conocer la manera en que otros países han llegado a resolver la transición democrática.
La sociedad civil requiere de promover un centro generador de estudios, de ideas, de proyectos y hasta de profesionales en las estrategias de la Consolidación Democrática.
La experiencia europea muestra un caso importante de resolución de la gobernabilidad, en un sistema automatizado del equilibrio de poderes entre Ejecutivo y Parlamento, que refleja con gran fidelidad la voluntad de los electores, pese a los importantes problemas que tiene.
La gobernabilidad democrática requiere de una ecuación parecida en cualquier parte del mundo, de tal manera que gobierno, instituciones y ciudadanos se relacionen de manera un tanto automáticamente. Si el modelo de arquitectura institucional es exitoso, entonces tendrá larga duración, de otro modo fracasará.
De la misma manera, es preciso conservar el principio de mayoría, pero siempre reconociendo espacios institucionales para la expresión y participación de las minorías.
El éxito de una arquitectura institucional también puede medirse, en un régimen estable, en el hecho de que un gobierno puede ser removido si pierde el apoyo mayoritario, sin causar una crisis política.
Otro punto importante es el de las autonomías. Tal vez lo más correcto no sea crear órganos autónomos para resolver problemas particulares, sino hacer funcionar el Estado de Derecho y las instituciones republicanas. El reto siempre será, en los modernos contextos de expresión, respetar el Estado de Derecho y las instituciones republicanas frente al creciente problema de que las soluciones provienen, en ocasiones, de la movilización social.
Propuestas para el caso de México

1. Primero. Como problema inmediato y urgente, ante la falta de acuerdos legislativos, se precisa ampliar los periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la Unión, cuando menos a nueve meses (la media en América Latina), y no los actuales seis meses y medio.
2. Segundo. Atender de inmediato el tema de la reelección de legisladores, para comenzar a vincular a los ciudadanos con sus representantes y favorecer la rendición de cuentas.
3. Tercero, diseñar la estrategia para la reforma de la Constitución, pues la actual está diseñada o pensada en la existencia de un partido hegemónico, que controla la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión. Ya no funciona.
4. Cuarto. Avanzar en el diseño y aprobación de los presupuestos multianuales. En la Unión Europea, por ejemplo, pueden tener una planeación multianual puesto que pueden apoyarla o fundamentarla en presupuestos igualmente multianuales.
5. Quinto, es preciso reformar la legislación y normatividad relacionada con el Presupuesto Federal. En particular, se debe clarificar las facultades y atribuciones del Ejecutivo (veto) y los plazos y modalidades de la aprobación del presupuesto anual, atendiendo de manera especial el caso de que no haya acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo.

Otra de serie de muy importantes reformas que deben ser encaradas, en relación con el Poder Ejecutivo, son las siguientes:

1. Considerar la autonomía del Ministerio Público, para pasar a ser un órgano desvinculado del Poder Ejecutivo y cumplir con la función de ser garante de los intereses de la sociedad.
2. Quitarle el monopolio de la acción penal al Ministerio Público, para dar lugar a la “acusación particular” en materia penal, de carácter primario.
3. La ratificación parlamentaria del Gabinete, para evitar la improvisación de los secretarios del despacho.
4. Se tiene que legislar con mayor precisión y claridad el caso del régimen de sustitución presidencial, pues caso de la falta del Presidente de la República hay lagunas e imprecisiones.

Para el caso del Poder Judicial:

1. Se tiene que revisar el Juicio de Amparo, para poder llevar a tribunales todas las violaciones de los derechos humanos.
2. Se tiene que reformar el marco de la jurisprudencia que no permite que las violaciones a los derechos fundamentales lleguen al conocimiento de un juez.
3. Hay replantear el régimen constitucional de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad, ya que hoy en día se le da el poder a sólo cuatro (de los once) ministros para que sostengan la constitucionalidad de una ley.
4. Se debe discutir ampliamente la posible creación de un Tribunal Constitucional, separado del poder judicial ordinario (civil y penal).

Otro gran tema es el de la distribución territorial del poder:

1. Debe contemplarse la sustitución del modelo federal de tipo cooperativo en el mayor número de órganos y materias concurrentes, para reconocer las grandes asimetrías y carencias. Por lo tanto, tratar como iguales a todos no está funcionando.
2. La alternativa será evolucionar hacia un federalismo asimétrico, que reconozca las desigualdades o las debilidades de cada una de las entidades federativas.

Finalmente, habrá que considerar las reformas en materia electoral:

1. Reformar la relación entre dinero y política, que siguen presentes de manera turbia en el sistema electoral mexicano, particularmente la relación entre partidos políticos y medios de comunicación.
2. También hay que normar la intervención de los Medios de Comunicación en los procesos electorales.
3. En otro orden, será necesario unificar el calendario electoral que interfiere negativamente los espacios de negociación política, es un desastre en México.
4. Se debe reducir también el espacio de tiempo entre la elección presidencial y la “toma de posesión” del nuevo Presidente de la República, que en México es de largos cinco meses, que no tienen parangón en ningún lugar del mundo.

Uno de los aspectos que mayor consideración debe tener es que los regímenes parlamentarios han dado cuenta de una mayor capacidad de acuerdo y, por ende, de gobernabilidad. El Presidente de la República ya no es el centro productor de sentido ni el fiel de la balanza de todos los conflictos inherentes a la vida social. La gobernabilidad ya no depende en lo fundamental de las capacidades de operación política y de liderazgo e imposición de disciplina por parte del Presidente. Se impone de manera impostergable la Reforma del Estado.

1. Un primer paso en esta dirección podría ser la conformación de gobiernos de coalición, basados en la incorporación negociada de banderas y programas de las fuerzas perdedoras al programa de gobierno de la fuerza ganadora, así como en la apertura de espacios en el gabinete a miembros de los partidos perdedores.
2. Otra alternativa consiste en la adopción de procedimientos parlamentarios o semiparlamentarios capaces de favorecer la gobernabilidad en donde no existen condiciones para producir mayorías ni a través de las urnas ni a través de los acuerdos. La introducción de la figura de Jefe de Gabinete es una alternativa viable, pues en su actual modus operandi el presidencialismo ya no es garante de la nueva gobernabilidad democrática. A través de esta reforma, se trataría de alcanzar una forma de gobierno en la que el Presidente, en su calidad de Jefe de Estado, delegue las funciones ejecutivas y administrativas en un Jefe de Gabinete encargado de cumplir las metas del programa de gobierno. Ello llevaría a mayorías estables, principalmente por tres razones:
3. La medida generaría estímulos al acuerdo determinados por la ley. En la medida en que el Jefe de Gabinete debe ser ratificado por el Congreso, el candidato deberá negociar el apoyo en el Congreso no a su persona sino al programa de gobierno acordado con el Presidente, de tal forma que su ratificación funcione como un mandato tácito en favor de las líneas estratégicas de dicho programa de gobierno (incluyendo su programa legislativo).
4. El Jefe de Gabinete, en tanto nombrado por el Congreso, haría las veces de enlace entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Funcionaría como un cabildeador cuya legitimidad, de entrada, sería reconocida por las distintas fuerzas políticas presentes en el Congreso o, en el peor de los casos, por una clara mayoría de fuerzas partidarias.
5. El principio clave, sobre todo en situaciones caracterizadas por resultados electorales muy apretados, como las existentes en México, es que quien gana no gana todo, en tanto que quien pierde no pierde todo. Ahí radica su viabilidad, pues en contraste con la actual situación caracterizada por la existencia de estímulos a la confrontación, se generarían estímulos al acuerdo y a la cooperación.

En México, la división de poderes ha sido un objetivo importante de la lucha democrática. En particular importa la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La partidocracia se erige, en la actualidad, como uno de los obstáculos más formidables al funcionamiento adecuado de un sistema de equilibrio y división de poderes, garante de los derechos ciudadanos y del respeto a su mandato.

1. En relación con la imposición de límites al poder presidencial, es necesario reforzar las facultades fiscalizadoras del Legislativo, no sólo en términos de control presupuestario, sino también en términos del desarrollo de mecanismos de seguimiento, de evaluación y de discusión de los distintos ámbitos de las políticas públicas.
2. De la misma manera se impone adoptar la deliberación legislativa de líneas de política y programas de gobierno cuya pertinencia nunca ha sido sometida a la racionalidad de un proceso deliberativo.
3. Otra dimensión clave de la reforma de las atribuciones del Ejecutivo se refiere a sus funciones jurisdiccionales. Se propone, por tanto, que los tribunales fiscales, laborales, agrarios e, inclusive, militares formen parte del Poder Judicial.

Por otro lado, en relación con la reforma del Congreso, los temas clave son los de la representatividad y de la rendición de cuentas.

1. Representatividad. Uno de los temas más debatidos a este respecto es el de los diputados plurinominales, que sólo favorece a la partidocracia, pues para obtener una nominación no parece indispensable establecer ninguna suerte de vínculo entre los candidatos y el electorado, sino principalmente responder de manera eficaz a la línea y los intereses de las élites dirigentes de los partidos. No obstante, ello no significa que la existencia de los diputados plurinominales carezca de validez, sobre todo ante la evidencia de que cuando la única forma de representación es la derivada del triunfo en distritos uninominales, se refuerza en exceso a los partidos más grandes y/o dominantes en detrimento de los partidos emergentes. En este sentido, la propuesta consiste en:
2. Garantizar que los principios de representación que dan sentido al sistema bicameral se diferencien con claridad, esto es, que la Cámara de Diputados sea el espacio propio de la representación directa de la ciudadanía, y que el Senado sea el ámbito de representación de los estados ante el pacto federal. Ello implica eliminar la figura de los senadores plurinominales.
3. Reducir el número de diputados plurinominales a cien y eliminar las listas por cincunscripciones y sustituirla por una sola lista nacional.
4. Diseñar un mecanismo de distribución de escaños dirigido a corregir situaciones de sobre y subrepresentación, de tal forma que la suma de posiciones uninominales y plurinominales de un partido en la Cámara equivalga al porcentaje de votos obtenidos.
5. Rendición de cuentas y transparencia. Frente a esta situación, se propone:
6. La reelección consecutiva de los legisladores y limitar el número de reelecciones posibles con el fin de evitar el desarrollo de cacicazgos y de promover la renovación generacional.
7. Convertir a la Auditoría Superior de la Federación en un órgano autónomo, encargado de fiscalizar el manejo de los recursos públicos por parte de los tres poderes del Estado.
8. Regular las actividades de cabildeo y normar aquellas prácticas que pudieran implicar conflicto de intereses.

Derechos Humanos y relación Estado-sociedad

1. Hay un sector completo que es sustantivo en este gran debate por la sociedad democrática, que es el de la educación y, en particular, la educación en materia de derechos humanos. Se propone colocarlo como un elemento central del proceso democrático.
2. La participación ciudadana debe ser el fundamento de la concertación democrática, la educación debe ser el instrumento por excelencia para generar esa participación ciudadana. Un país de analfabetos no puede ser un país democrático.
3. El modelo educativo es y habrá de ser uno de los elementos constitutivos de la gobernabilidad. El país requiere con urgencia la construcción de un modelo educativo con calidad, de carácter permanente. Es la única manera de garantizar el derecho real a la educación.
4. Es preciso que en el sistema educativo se formen los individuos que han de construir la democracia. Por eso es sustancial en todos los niveles la educación en materia de derechos humanos.
5. Es preciso superar la política de simulación y hacer funcional el Programa Integral de Derechos Humanos, elaborado por la Secretaría de Educación Pública.
6. Habría que obligar a los partidos políticos a reforzar la formación de una cultura política favorable a la educación y los derechos humanos entre la población.
7. Para que haya democracia es necesario crear el ambiente y los recursos humanos que puedan hacerla efectiva en la realidad.
8. Debemos exigir que las instituciones públicas lleven a cabo una política reformadora en materia de los derechos humanos y que se tenga la oportunidad de exigirles la rendición de cuentas.

Consolidación de los derechos humanos en México

1. La incorporación de los derechos humanos en el marco jurídico mexicano ha sido el resultado de un conjunto de movimientos sociales e iniciativas ciudadanas por lograr una mayor participación en la toma de decisiones colectivas y conseguir más espacios de expresión para formular legítimas demandas y necesidades.
2. El reconocimiento de los derechos humanos y la extensión en el ejercicio de las libertades, ha estado asociado invariablemente al proceso democratizador del país.
3. Un Estado Democrático de Derecho es viable sólo si su andamiaje normativo e institucional, así como las condiciones .de convivencia social, se construyen a partir de instituciones interrelacionadas entre sí: derechos humanos, democracia y desarrollo.
4. La convergencia de estas dimensiones de convivencia social adquiere sentido, cuando se reconoce al ser humano como un agente portador de derechos.
5. Promover una plena democracia exige que los derechos humanos se conviertan en el fundamento de su régimen interno. Por consiguiente, se propone la adopción del concepto integral de derechos humanos en la Constitución, que asegura y amplía la protección que tiene por naturaleza el ser humano, al margen del sistema de concesiones y seguridad que ofrece el poder público.

Desafíos y retos para alcanzar una nueva relación entre la sociedad y el Estado en el marco del proceso de consolidación democrática

1. Es necesario construir una agenda de protección de derechos humanos para los próximos años. En el marco de salvaguarda de los derechos políticos y civiles, resulta impostergable asumir los derechos humanos desde la perspectiva de la víctima y no únicamente de la autoridad que perpetra la violación.
2. Implica una transformación sustancial que no se limita sólo a las posibilidades de dotar con mayores esquemas de protección a quien sufre la violación, sino además, a visualizar nuevos actores de responsabilidad, como son las empresas y aquéllas entidades que hoy están eximidas de ser agentes activos, en la comisión de actos violatorios a los derechos humanos.
3. El ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), también es una condición indispensable, tanto para enfrentar la pobreza y la desigualdad, como para alcanzar un pleno desarrollo humano. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable, en donde todo ser humano y todos los pueblos, están facultados para participar y alcanzar un pleno desarrollo económico, social y cultural.
4. Desde la sociedad civil se continuará con el impulso decidido, para multiplicar las instituciones, fundaciones y organizaciones civiles, que encauzan la acción colectiva y diversifican la representación social, además que aseguran un pleno ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
5. Esto constituye un gran paso hacia la profesionalización de los movimientos sociales. Esto es muy importante para dejar atrás la improvisación en la gestión social y propiciar una amplia participación social en el diseño y operación de políticas públicas, que permitan abordar y resolver asuntos de interés común, más allá del sólo ámbito gubernamental.
6. Finalmente, y en cuanto al sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, es necesario seguir impulsando reformas de ley, que permitan a los organismos públicos de derechos humanos fortalecer, con mayores atribuciones, su función de defensa y protección de los derechos humanos de todas las personas.
7. La vigencia de los derechos humanos en los próximos años, dependerá en gran medida, de las decisiones que se adopten para que el individuo tenga acceso a la seguridad, a la igualdad jurídica, a la no discriminación, a la administración de la justicia y a la reparación del daño.
8. En la medida en que los organismos públicos de derechos humanos contribuyan a formar personas más libres, independientes y autónomas, entonces será posible arribar a una auténtica democracia ciudadana.

Los trabajadores; reformas para la gobernabilidad (Consejo Económico y Social)

1. La democracia electoral y la alternancia en la Presidencia de la República no han sido suficientes para resolver los grandes pendientes de la Nación.
2. No obstante, un saldo positivo de esto es que ahora tenemos más claro que la transición a la democracia en México pasa necesariamente por la construcción de las condiciones institucionales de un nuevo régimen.
3. La gobernabilidad entendida como la capacidad para conducir con certidumbre y estabilidad hacia los objetivos nacionales está seriamente debilitada y se hace necesario su fortalecimiento.
4. En este sentido es urgente revertir la tendencia que prevalece de exclusión, de confrontación y de asedio para cooptación corporativa de actores y planteamientos que surgen fuera de los Partidos y del gobierno.
5. De un lado se deben pactar las nuevas reglas para la convivencia civilizada y constructiva de las fuerzas políticas y de otro la democracia representativa tiene que ser acompañada de instancias de democracia participativa que abran espacios formales a las propuestas y posiciones que no son ni partidarias o gubernamentales.
6. El sobredimensionamiento de los partidos y el presidencialismo son obstáculos para la gobernabilidad democrática, ya que la partidización de las cámaras, de los gobiernos estatales y municipales y la desmedida centralización y acumulación del poder federal hacen nugatorios muchos de los esfuerzos de cambio democrático en el país.
7. Un conjunto de organizaciones sociales y civiles hemos planteado la necesidad de arribar a un Acuerdo de Gobernabilidad que tenga como objetivos principales el de pactar la transición a la democracia y establecer una ruta critica de reformas que aseguren la estabilidad política y el crecimiento económico.
8. Son tres los ejes en los que se soporta la propuesta de acuerdo, lo electoral, Reforma del Estado y Reactivación Económica. Esta propuesta tiene el propósito de cambiar la dinámica inercial en la que nos encontramos y dotar a la Nación de un rumbo que no está definido. Se valora la importancia de que la Sociedad Civil Organizada se involucre haciéndose corresponsable de las definiciones de la democratización de la vida nacional.
9. Precisamente y en razón de esta situación es que la propuesta que hemos hecho a los candidatos a la Presidencia de la República y a los partidos contempla la creación de un Consejo Económico y Social.
10. Los Consejos Económicos tienen una historia larga en Europa, más recientemente en Sudáfrica y en Brasil. Son una experiencia de democracia participativa. La utilidad principal representada por estas instancias está en el impulso que dan a las transiciones. Hoy existen en el mundo más de sesenta consejos con características propias pero todos con la finalidad de propiciar la participación democrática e institucional de la sociedad.
11. Así, frente a los gobiernos los partidos y las cámaras, la sociedad se puede expresar en el mismo plano, contribuyendo de manera eficaz; no es ya un testigo, se convierte en actor corresponsable del destino del país. Representa una instancia no corporativa, independiente del Gobierno y de los Partidos, con capacidad de pensamiento, propuesta y acción propia.

AGENDA PANEL II

EQUILIBRIO DE PODERES Y MECANISMOS
DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Diseño institucional y equilibrio de poderes

1. En términos de instauración de la democracia, en el país todo está por hacerse. La vía es el diálogo y el acuerdo en dirección de la consolidación de la democracia.
2. En México, la transición ha concluido. Está en marcha la instauración de la democracia, proceso muy largo con avances, con retrocesos, con dificultades.
3. México tiene una alternancia que marca el fin de una transición a la democracia. Pero no ha sido sustituida a cabalidad con nuevas reglas, con nuevas instituciones, en suma una nueva Constitución.
4. Requiere un rediseño institucional y una redefinición de los equilibrios del poder, de una efectiva rendición de cuentas: Reforma Constitucional y del Estado.
5. Tanto en América Latina como en México es preciso avanzar en la calidad de la democracia, entendida como la relación entre ciudadano y sus representantes, donde el ejercicio del sufragio opera una de las muchas posibilidades de afirmación de todos los derechos de ser ciudadano.
6. Criterios para la calidad de nuestra democracia: Primero, nadie por encima de la ley, Estado de Derecho; Segundo, rendición de cuentas; Tercero, reciprocidad, que sea la sociedad consultada para incidir en las decisiones; Cuarto, evaluarla el ideal de libertad inherente a la ley; y Quinto, qué tanto la democracia se aleja o se aproxima del ideal de igualdad inherente a la verdad.
7. México es la peor democracia joven de América Latina, y es la democracia más costosa del mundo. El desafío: el país requiere actualizarse en el área democrática. Ajustar en una dirección democrática a las instituciones, nuevas reglas del juego y construir un Estado de Derecho democrático. Construir instituciones democráticas sólidas, para borrar la sombra de la inestabilidad y de la ingobernabilidad.

La justicia en el régimen democrático

1. Para todo régimen democrático, es fundamental el reconocimiento de que los conflictos surgen y para ello se requiere un buen y creíble régimen de justicia.
2. Actualmente el Poder Judicial federal mexicano es el más caro de Latinoamérica y está subordinado al Poder Ejecutivo; es mucho más notable en los estados de la república. Necesitamos Poder Judicial independiente.
3. En materia cultural, lo judicial es percibido por la población como el ámbito más negativo. Se necesita que la población lo entienda como justicia real y efectiva.
4. Se quiere jueces con rostro y procesos públicos abiertos a la ciudadanía, donde un ministerio público resuelva frente a todos los ciudadanos, frente a la prensa.
5. Se requiere poderes judiciales autónomos e independientes; se necesitan menos jueces y más justicia y todo a un costo más reducido.
6. Será necesario penetrar el pensamiento reformista en los partidos políticos. Pero más importante: fomentar una plena conciencia de la ciudadanía.
7. En suma; se requiere de justicia, se requiere de un Poder Judicial fuerte, pues es parte sustancial de la consolidación de la democracia.
8. Están dadas las condiciones para que exista una relación de contienda de los actores de la sociedad y se desarrolle un avance cultural en materia de justicia.
9. Un primer paso es identificar quienes son los actores que deberían participar en el diálogo y la disposición de los actores de participar, así como los requisitos que establecerían parámetros y planes.
10. Los objetivos del desarrollo podrían ser un punto de vista válido para un punto de partida para ir más allá y adecuarlo a la visión que se tiene o que se debería tener de México para el 2015.
11. Recomendable: crear una red de promotores del dialogo y un consejo ciudadano externo a partidos políticos y grupos de interés para favorecer el ambiente y las condiciones de un gran diálogo para las reformas, particularmente en materia de justicia.
12. Será fundamental: que en la agenda se institucionalice ese espacio de diálogo para que haya de manera permanente un espacio de diálogo entre sociedad civil y gobierno, a fin de cimbrar procesos de plurales, de conclusión de consensos a nivel estatal, regional y municipal. El objetivo: construir un proceso de diálogo nacional para consensar una agenda de largo plazo para el país y cimentar las bases de una renovada institucionalidad democrática.

Gobernabilidad democrática. Gobernanza y rendición de cuentas

1. La democracia está seriamente cuestionada por la desigualdad, la pobreza, la exclusión social y la violación a los derechos humanos, en un contexto que requieren de manera prioritaria el fortalecimiento de una ciudadanía integral, el perfil del pleno ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales.
2. Existe consenso acerca de la necesidad de formular nuevas formas de gobernabilidad para el país, así como un esquema de rendición de cuentas, de la participación, la vigilancia y la evaluación de la ciudadanía. Ello debe traducirse en cambios institucionales, entre nuevas reglas respetando la sociedad y la familia.
3. En ese terreno, las organizaciones feministas y de mujeres demandan consolidar los que cambios en la práctica política impulsando la incorporación al terreno público el tema de la violencia doméstica, la violencia sexual, la violación en el matrimonio.
4. No considerar la problemática de las desigualdades políticas y sociales de género pone en riesgo los objetivos de los procesos de reforma democrática. Un cambio institucional deberá asegurar el pleno uso y goce de los derechos y un Estado de Derecho democrático.
5. La rendición de cuentas es un derecho que asiste a los ciudadanos, y a los que los representan. Se requiere: no aumentar la impunidad, consolidar el Estado de Derecho, la plena vigencia de los derechos humanos para todas y todos, el trabajo entre Estado y sociedad civil para enfrentar los desafíos en materia diversa como la salud y la educación, entre otros.
6. Las propuestas para lograr un acuerdo mínimo del dialogo nacional debe denunciar necesariamente a una parte de poder en la clase política y económica. Esa demanda está inscrita en una nueva cultura político-ciudadana.
7. La expectativa del país es fraguar acuerdos mínimos para la gobernabilidad democrática y la creación de una nueva Constitución. Las organizaciones civiles así lo plantean y esperan la respuesta de la clase política y de la clase económica.

El acceso a la información y la rendición de cuentas

1. Cuando se establecieron los acuerdos mínimos para el acceso al poder la discusión no se centró en las reglas mínimas para el ejercicio del mismo y en esa lógica se aprobó la Ley General de Transparencia de Acceso a la Información. Será preciso plantearlas.
2. En materia de derecho a la información hay una asignatura pendiente de la clase política y de los actores del tema sociedad civil: son las disparidades en ese ámbito.
3. Un aspecto fundamental es el plano en que el ciudadano pueda ejercer con mayor capacidad el libre de acceso a la información.
4. Se requiere establecer leyes de acceso de información, como la de Coahuila, que establezcan mecanismos de informar de manera transparente y sin limitaciones a la sociedad civil. La coyuntura de la clase política ve conveniente el tema.
5. Para lograr un esquema semejante es necesario que antes del acceso a la información, la sociedad cabildeé en su conjunto la agenda pública; se cuente con medios de comunicación profundamente vinculados con los estados, pero sin intereses particulares; y reglas claras; así como apuntalar que la democratización de la información debe evitar los privilegios.
6. Es fundamental que los órganos vinculados al acceso a la información sean independientes de otros poderes. En la medida que se pueda establecer mecanismos más claros de designación de consejeros o comisionados será mucho mayor o más fácil la independencia frente a otros poderes, además de dotarlos de autonomía constitucional del gobierno. Simple autonomía, que es la autonomía presupuestal.
7. En materia de acceso a la información se requieren como elementos básicos: una reforma constitucional que reglamente de manera cristalina el acceso a la información; que establezca a cada uno de los estados requisitos mínimos en materia de acceso a la información; no seguir generando que los gobernadores, en el marco de cada uno de los estados, establezcan sus mínimos en materia de transparencia de acceso de información; y limitar la facultad de los gobernadores sobre gran parte de sus poderes.

Transparencia y derecho a la información
Hablar de acuerdos básicos para la consolidación de la democracia, es hablar de transparencia de acceso a la información en México. Una aspiración fundamental de la democratización es mejorar la forma de informar y de incrementar la participación ciudadana en el sistema político.
Una sociedad más informada y eficiente promueve  una mayor responsabilidad y propicia en el mejor de los casos una capacidad de tomar mejores decisiones en el gobierno. Ningún régimen puede ser democrático sin mecanismos institucionales que favorezcan la rendición de cuentas, y las leyes de transparencia de acceso a la información.
Es fundamental, críticamente, proveer los medios para hacer de la contraloría social una realidad. Está comprobado que en países donde existen transparencia y acceso a la información hay un camino más franco al progreso económico y político del país. Hay que apostar a que, a partir de una mayor información, habrá una mayor confianza pública en las instituciones.
Se debe apoyar el proceso de constitucionalización del derecho a la información, ya demandada en la Declaración de Guadalajara, firmada en noviembre de 2005 por los gobernadores de Aguascalientes, Zacatecas y Chihuahua.

El objetivo final: el acceso a la información no puede estar supeditado a los status confinados que generan la diferencia de los niveles de gobierno, sino garantizar un acceso completo para una rendición de cuentas total.

AGENDA PANEL III

LA DIVERSIDAD GEOGRÁFICA, SOCIAL Y CULTURAL
Y SU EXPRESIÓN INSTITUCIONAL
La cuestión del federalismo
Federalismo y diversidad de género

1. Un tema poco atendido, como acuerdo básico, es el reconocimiento de que en México a lo largo de décadas ha existido un muy grave problema de desigualdad entre los géneros en la representación y dirección, de los ayuntamientos y gobiernos locales. Esa baja proporción señala desigualdad y rechazo al género en la democracia local.
2. Este tópico, no ha sido visto como un grave problema del proceso que ha llevado a México a la alternancia política, al pluralismo político.
3. En el proceso de la alternancia política y pluralismo político, de la apertura democrática, de la transición democrática, de la democratización de las instituciones municipales; la equivalencia del pluralismo de género está ausente y, en cambio, predomina el acceso y el control del ejercicio del poder público del género masculino.
4. Dos factores que están operando en este problema son: 1) el terreno municipal es el más difícil para trabajar la equidad de género por ser sumamente paradójica, a pesar del potencial de las mujeres en su participación en los asuntos sociales y comunitarios; 2) es necesario superar el estancamiento, tanto en números como en presencia pública de las mujeres, pero con el potencial que tiene el terreno municipal de legalizarlos temas de la democratización, la participación de la equidad de género.
5. La carencia de movimientos de género con objetivos feministas, hace que en el caso de México sea más difícil promover y apoyar el avance de las mujeres en los cargos de representación.
6. Urge revalorizar como una forma de Estado, una política de equidad de género y los derechos de la política para las mujeres en la igualdad de oportunidades.

Federalismo y democratización en México

1. El proceso de democratización en México encontró uno de sus cauces más importantes en los gobiernos locales. La transición verdadera ocurrió de la periferia al centro. La dinámica del cambio político en México no se explica sin tomar en cuenta el papel que jugó el régimen federal en la recomposición de las fuerzas políticas del país.
2. El federalismo fue la puerta de entrada más importante hacia la transición democrática; pero también ha sido uno de los puntos más débiles en el proceso de consolidación de ese régimen. La razón: a la dramática mudanza de fuerzas políticas que gobiernan los espacios locales, no ha correspondido una modificación equivalente de la forma en que se gobierna.
3. La pluralidad política caracteriza al federalismo. Los gobiernos de los estados tienen hoy un papel mucho más activo y mayor influencia política que en el pasado reciente. Será necesaria una reforma que garantice que el pluralismo se refleje en el gobierno local.
4. En el proceso de transición ha habido varias novedades legales que han contribuido a modificar las rutinas del modo en que operaba el federalismo: 1) la legitimidad de las fórmulas para la asignación de recursos; 2) la importancia creciente de las variables locales en la confección de las leyes y de las reformas promulgadas durante la última década. Se debe continuar en el fortalecimiento del municipalismo.
5. La pluralidad política ha estado acompañada de una creciente producción legislativa autónoma del gobierno. Pero no de una mayor coherencia ni mucho menos de objetivos de largo aliento con una visión de Estado.
6. En suma: nuestro federalismo alberga hoy la nueva pluralidad política del país; los gobiernos locales tienen muchos más recursos que en el pasado reciente; y su influencia en la hechura de leyes y en la operación de programas sociales es mucho más relevante.
7. La construcción de un acuerdo básico para la consolidación democrática en relación con el federalismo tendría que tomar en cuenta ese conjunto de cambios que se ha generado durante los últimos años.
8. Es obvio que no hay un acuerdo claro sobre lo que cada uno de los niveles de gobierno tendría que hacer, bajo un criterio de responsabilidad claramente asignada y capaz de ser vigilado con nitidez por todos los que quieran hacerlo. Seguir agregando leyes no es la solución más deseable.
9. En conclusión: el federalismo es una forma de organizar la República, y de asignar ámbitos puntuales de responsabilidad a los gobiernos. De nada sirve ensanchar las facultades de los municipios, si éstos no pueden cumplir con la prestación de servicios públicos, ni construir infraestructura urbana.
10. Tampoco tiene sentido seguir añadiendo leyes generales para hacer concurrir a los gobiernos de los estados en todas las materias imaginables, si éstos no han podido asumir la dirección del desarrollo social ni de la promoción económica en las regiones de México. Los gobiernos locales ya no son entidades auxiliares del gobierno de la República.
11. Propuesta: si algún acuerdo básico ha de promoverse, éste tendría que apuntar hacia la asignación de responsabilidades puntuales a cargo de los gobiernos de los estados y de los municipios, vigiladas no sólo por los órganos que cobijan la pluralidad política partidaria sino también por la sociedad. Lo que está haciendo falta es aclarar prioridades, fijar responsabilidades puntuales y facilitar los dos medios principales para cumplirlas: el dinero y las reglas del juego.
12. En esa perspectiva, los intereses en juego son todavía más complejos que la maraña federalista creada. Pero son acuerdos básicos y factor central para organizar las tareas que corresponde a cada nivel de gobierno. Para derrotar las trampas de lo complejo, hay que volver a lo básico: que cada nivel de gobierno se haga responsable de sus propias tareas ante la sociedad y ante el control que supone la nueva pluralidad democrática.

El Estado democrático y la diversidad social y cultural

1. Los tiempos reclamaban construir una mirada de largo aliento y descifrar a México en su diversidad política, social y cultural, en la que se expresaran los proyectos alternativos de nación y la ciudadanía pudiera discernir posibles escenarios en relación con la globalización, la desigualdad, la pobreza, con la inclusión.
2. Una enorme debilidad y pérdida de brújula y necesidad de reformas estructurales aqueja a los partidos políticos. Muy pocos de ellos visualizan que una de sus causas sea la distancia y exclusión que hacen de los políticos ciudadanos, pues mientras más se encierra a la clase política en un soliloquio infructuoso, más se enajena de las causas sociales y más se empobrece la democracia y la política.
3. Las sociedades progresistas son las que garantizan el respeto a los derechos y sobre todo las que se construyen en un clima de libertades democráticas en las que la igualdad y, la paridad están presentes como condiciones sustantivas de la democracia.
4. La democracia se entiende no sólo como respeto a los derechos, sino como la transformación estructural de lo público. Parte de la visión de que los actores tienen por derecho y por inclusión, la posibilidad de cambiar no solo los aspectos que aluden en su especificidad, sino a todos los actores sociales, políticos y culturales en conjunto, que son los auténticos herederos de una visión liberal y transformadora de la sociedad.
5. Todos los estudios recientes sobre la Gobernabilidad Democrática coinciden en que son tres los componentes básicos, que en su interrelación generan las condiciones para la gobernabilidad: la satisfacción de las demandas sociales; la reingeniería institucional; y la transformación de las estructuras y los procesos instituciones para lograr gobiernos eficaces y eficientes de los roles y reglas de juego para la interacción de los diversos actores.
6. Las políticas públicas en el desarrollo social están destinadas a satisfacer las necesidades básicas de las personas en una perspectiva de bienestar y calidad de vida. Lo cual significa una nueva visión de las demandas sociales, y de los cauces idóneos para procesarlas y atenderlas. En este sentido es una tarea fundamental la Ciudadanización de la Política Social.
7. ¿Cómo incluir ésta Ciudadanización y su participación en el nuevo contrato social, en la paridad en los puestos de representación política? Mediante una nueva política social, igualitaria e incluyente, que se sustente sobre la base de: un mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo de capacidades, oportunidades, seguridad y protección; de acciones afirmativas que resuelvan problemas de discriminación; asistencia social, no asistencialismo; y construcción de ciudadanía y fortalecimiento de los actores sociales.
8. Hace falta un nuevo contrato social. La construcción de lo público es una responsabilidad colectiva de atender por completo por los diversos actores, en donde la sociedad civil es un actor fundamental, que debe estar acompañada de una reflexión de los problemas sociales que le dan prioridad, y una vigilancia con el mejor cumplimiento de los compromisos.

La cultura en la construcción de ciudadanía

1. La democracia se encuentra al extremo de un laberinto. Las viejas estructuras de poder se han reproducido bajo el manto del espejismo, y nada cambia en el “cambio”. La democracia sigue siendo inalcanzable. Dicho laberinto está cimentado sobre una fuerte incertidumbre respecto a nuestra identidad.
2. A pesar de ello, hay avances en la democratización del Estado: la libertad de expresión tiene ya cauces abiertos; las normas institucionales son cada vez más claras y contundentes; y el Estado de Derecho deja poco a poco de ser un parapeto para los actos más ilegítimos, aunque “legales”.
3. Uno de los caminos que representa una alternativa para acceder a la democracia plena es el del ascenso de la sociedad civil como una fuerza política real, plural y abierta; si se piensa en la democracia como un sistema de “distribución del poder entre y para la gente”. Sólo el empoderamiento progresivo de la ciudadanía podrá llevar a una democracia real, orgánica.
4. Se requiere no sólo que las instituciones abran las vías a un diálogo realmente efectivo de las propuestas ciudadanas. Es imprescindible que los ciudadanos se preparen para el empoderamiento, haciéndose más proactivos, democráticos, tolerantes y responsables. En suma construir una democracia participativa.
5. La cultura podría es una de las vías de acceso reales a la participación democrática de los ciudadanos en la vida del Estado. La cultura, como práctica universal de los valores simbólicos del ser humano, tiene al menos dos vertientes: la diversidad cultural y la educación para la democracia.
6. La diversidad cultural se expresa en un entramado de realidades que sostienen los cimientos de la vida cultural de cualquier pueblo o comunidad. El patrimonio cultural como sustento de la identidad y la diversidad; los derechos culturales es una vía de acceso a la diversidad.
7. Es un hecho contundente que la elevación del nivel de conocimientos, aunada a la inculcación de valores civiles, como la tolerancia, la creatividad y la cultura democrática son las herramientas fundamentales para la construcción de ciudadanía y para la reproducción de un capital humano cada vez más consistente y productor de riqueza social.
8. La cultura no debe ser objeto de reglamentaciones: es algo universal, omnipresente, que fundamenta cada acto de la vida social. Es imprescindible que la ley no regule o intervenga en un sentido restrictivo, sino que mantenga un entorno en el que la cultura pueda florecer por su propia fuerza.
9. La propuesta es formular la democracia participativa cultural y educativa. Para esto serviría realmente una ley general de cultura que siente una visión de amplio consenso. Se puede establecer una legislación cultural que promueva realmente el desempeño creativo y diverso e inhiba la homogenización y las tendencias industrializadoras y mercantilistas del sector cultural.
10. Para alcanzar un verdadero desarrollo sustentable y socialmente justo, es necesario impulsar la creación de ciudadanía y por lo tanto la democratización del país, contar con políticas culturales decididas y bien diseñadas, así como con equidad de acceso en los medios informativos y de difusión cultural masiva.

Para ello es imprescindible que los mexicanos sepan cuál es el valor de la cultura, no sólo como insumo para una nueva economía sustentable y equitativa, sino como motor del desarrollo integral de la sociedad, con tolerancia, equidad y democracia.

AGENDA DEL PANEL IV

REFORMA DEL ESTADO Y GLOBALIDAD
El marco institucional de la globalidad y los Estados nacionales

1. Es de particular importancia para la Unión Europea examinar la relación que existe entre la democracia, desarrollo económico y la cohesión social.
2. La lucha contra la desigualdad y la construcción de sociedades más justas son importantes desde el punto de vista humanitario y político.
3. Ninguna región o país puede aspirar a lograr los beneficios del crecimiento económico, el desarrollo sustentable y la estabilidad política si no se basa en sociedades inclusivas y la justicia social.
4. Los gobiernos en cooperación con la sociedad civil en sus respectivos países tienen la responsabilidad primaria de desarrollar y liderar los procesos y las reformas adecuados.
5. La Unión Europea y el PNUD buscan impulsar un amplio debate participativo que permita avanzar hacia una democracia de ciudadanos, que garantice efectivamente los derechos civiles, políticos y sociales de todos.
6. La “cohesión social” es una condición sine qua non para una sociedad verdaderamente democrática. Otros elementos necesarios son: la descentralización, el papel de la sociedad civil, la lucha contra la corrupción, la seguridad pública y el papel de los medios de comunicación, temas con un impacto importante en el camino hacia el establecimiento de una “democracia de ciudadanos”.
7. Un aspecto importante de la Constitución es el hecho de que fortalece los derechos humanos de todos los europeos a través de una “Carta de los derechos fundamentales” que forma parte integrante de la Constitución. Esta es una experiencia importante para otros países.
8. Esta Carta garantiza entre otros, el respeto a la dignidad humana, del derecho a la vida, la prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad y a la seguridad, la libertad de pensamiento, la presunción de inocencia, el derecho a la tutela judicial y a un juez imparcial, etc.
9. La Carta no sólo contempla los derechos civiles y políticos contenidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, sino también otros ámbitos como son los derechos sociales de los trabajadores, la protección del medio ambiente o el derecho a una buena administración.
10. Entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe existe el compromiso de fortalecer la democracia y consolidar las instituciones democráticas en los países de ambas regiones. La democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho son pilares esenciales sobre las que se construye el desarrollo económico y social.
11. En suma: la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, la profundización de reformas estructurales y el esfuerzo por conseguir mayor cohesión social constituyen los retos más importantes para América Latina.

Democracia y derechos humanos

1. La OEA ha trabajado en la promoción de la democracia desde su creación y ha fortalecido una amplia gama de incitativas en respuesta a los mandatos políticos en el tema.
2. En el 2001 se firmó la Carta Democrática Interamericana, en la que se amplía de manera significativa el concepto de democracia, incluyendo varios elementos que resultan esenciales para la sustentabilidad de los sistemas democráticos y la gobernabilidad en el hemisferio.
3. La Carta Democrática enfatiza el vínculo esencial que existe entre la democracia y la vigencia plena de los derechos humanos por un lado, y de la democracia y el desarrollo por el otro lado. Incorpora elementos esenciales para la democracia, como el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto a los derechos sociales y económicos, la participación de la ciudadanía en las decisiones de interés público, la interdependencia de la democracia con el desarrollo económico y social, y la promoción de la cultura democrática.
4. La Carta Democrática Interamericana ha creado entre los ciudadanos en el hemisferio una serie de expectativas en cuanto al cumplimiento de los principios de la democracia, y ha suscitado entre los gobiernos la necesidad de atender a las demandas de los mismos en cuanto a los resultados de la democracia.
5. A pesar de los avances en América Latina en materia de derechos políticos y de la democracia electoral en las últimas décadas, existe un consenso general de que la gobernabilidad en la región se encuentra en crisis.
6. En la región, la pobreza sigue siendo extremadamente alta con un 40,6% de la población que vive en condiciones de pobreza y de esa cifra, 16% vive en situación de indigencia. Esta situación representa uno de los mayores desafíos a la democracia en la región.
7. El Banco Mundial sugiere que la democratización constituya un cambio importante en cuanto a oportunidades políticas, pero no es suficiente para instaurar un cambio radical, dadas las estructuras sociales de relaciones desiguales, y la debilidad de los Estados. A esto debe sumarse la alta concentración de poder existente en la región.
8. También plantea: fortalecer las capacidades del Estado, fomentar los contenidos programáticos de los partidos políticos, fortalecer el papel de los procesos de descentralización para que sean de naturaleza equitativa, a fin de inhibir un impacto negativo sobre la democracia y en la gobernabilidad.
9. Dadas las preocupaciones sobre los déficit de las democracias, urge profundizar la interdependencia de la gobernabilidad democrática con el desarrollo económico y social de los pueblos, así como la discusión sobre la sustentabilidad de las democracias.
10. El desafío es dejar de lado una amplia gama de carencias no institucionales, y de problemas estructurales que tienen un impacto negativo en la sustentabilidad de la democracia, y que se hacen visibles en el déficit de ciudadanía en la región.
11. La ciudadanía, entendida como el ejercicio de derechos, juega un papel central. Se debe buscar su fortalecimiento como mecanismo de participación efectiva de los actores sociales en los procesos públicos, y para incidir en el diseño de políticas públicas. Ello es esencial para enfrentar el déficit de las democracias en la región.
12. En cuanto a la ciudadanía civil, la región ha visto considerables progresos a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, todavía existen importantes deficiencias por parte de los gobiernos en garantizar algunos de estos derechos.
13. El tema del derecho a la identidad es un serio problema en la región que afecta la ciudadanía civil. A su vez, el derecho a la identidad también conlleva una connotación económica.
14. Otro aspecto de la ciudadanía civil que debe ser considerado es el del acceso a la información pública. No obstante considerables mejorías en cuanto a la aprobación de leyes y mecanismos en la materia en la mayoría de los países, no se garantiza el acceso a todos los sectores de la población, o se establecen ciertas restricciones que afectan su efectividad.
15. El acceso a la información pública resulta de suma importancia para fomentar la gobernabilidad democrática en la región y resulta un recurso de suma importancia para que la ciudadanía pueda desarrollar influencia sobre el proceso de toma de decisiones de políticas públicas.
16. Se debe consolidar la función del Estado para profundizar en la democracia, incentivando políticas y mecanismos que busquen traducir los derechos formales de la ciudadanía en realidades tangibles. Un componente esencial en el fortalecimiento de las capacidades del Estado, es el de solucionar el déficit de seguridad jurídica y de acceso a la justicia • El apoyo a los procesos de descentralización y fortalecimiento de los gobiernos locales como herramientas de la gobernabilidad democrática juega un papel fundamental, pues la globalización y la promoción del desarrollo local y regional están convirtiendo al nivel subnacional en un importante espacio político y económico.
17. Para el desarrollo de la sociedad civil, resulta fundamental el fomento de una participación activa y constructiva de la sociedad civil y la ciudadanía. El Estado debe garantizar las condiciones para que la sociedad civil pueda funcionar como es debido.
18. La sociedad civil puede contribuir sustancialmente al desarrollo de los países si cumple un papel activo en ejercer un cierto control social sobre las políticas públicas del Estado de manera constructiva, y participa activamente en los procesos de toma de decisiones de políticas públicas en colaboración con el gobierno.
19. Es importante promover diversos mecanismos de control a la gestión pública por parte de organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, involucrar en mayor grado a la sociedad civil, a los ciudadanos beneficiarios de las políticas públicas de los gobiernos centrales y locales, y al sector privado; y a darles a los mismos una mayor participación sobre el proceso de toma de decisiones y la distribución de los recursos.
20. La sociedad civil también cumple un papel relevante en los mecanismos de concertación y diálogo político y en la prevención y solución de conflictos, tanto en el ámbito nacional como subregional.
21. Otras maneras de promocionar y asegurar mayor participación cívica y de la sociedad civil: el fomento, por parte de los Estados, de mecanismos para garantizar el acceso a la información pública y la libertad de expresión, una mayor transparencia en el accionar público, y un diálogo abierto entre el gobierno y la ciudadanía.
22. Existe el reto de construir una cultura democrática para sustentar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y el funcionamiento de los principales actores políticos y de las instituciones democráticas.

La gobernabilidad de la globalidad

1. La discusión actual ya no es cómo derribar barreras sino cómo lidiar con la acelerada caída de aquellas que los Estados modernos construyeron desde el siglo XIX.
2. Cuando se habla de globalización o globalidad se está ante un hecho consumado: ya no se trata de una elección de política sino de un elemento intrínseco de la economía moderna.
3. Varios economistas contemporáneos como John Ruggie y Jean Paul Fitoussim coinciden que la construcción de sistemas de protección social en el mundo más desarrollado permitió que los países industrializados acepten más fácilmente la expansión de los mercados globalizados. Con los mecanismos redistributivos de las instituciones democráticas, los efectos nocivos de la globalización han sido mitigados. Es lo que llama Ruggie “el compromiso del liberalismo incorporado”.
4. El Administrador del PNUD, Kemal Dervis, lo ha bautizado como “la síntesis social-liberal”, cuyo fundamento es acoplar las fuerzas de la globalidad con sus sistemas democráticos de generación de consensos y soluciones aceptables para sus poblaciones. Los mecanismos democráticos son los que han generado la redistribución y la conformación de las redes sociales de contención.
5. El problema en América Latina es doble: por una parte, amplios sectores de sus sociedades no han podido ejercer sus derechos económicos y sociales más básicos. Lo preocupante de esta situación es que inhibe la consolidación democrática y frena el pleno ejercicio de sus derechos democráticos.
6. Otro obstáculo adicional son las propias características de una globalización acelerada y compleja que hacen cada vez más difícil para los Estados latinoamericanos acercarse a la “síntesis social-liberal” de los países avanzados.
7. En sociedades de por sí desiguales y con dificultades para articular proyectos colectivos, la segmentación hace aún más difícil la construcción de un Estado que apele a la solidaridad colectiva. El riesgo más extremo es la desaparición de los espacios públicos.
8. En América Latina lo que hace falta es más Estado democrático y más participación ciudadana. Lo primero significa reformar o ajustar el Estado a fin de que existan los mecanismos y las instituciones que ayuden a garantizar a los latinoamericanos el ejercicio pleno de sus derechos económicos y sociales. Lo segundo, supone dotar de vida y contenido un Estado de esta naturaleza.
9. El Informe sobre la Democracia del PNUD plantea la necesidad de formular espacios democráticos para que la ciudadanía pueda incidir en las políticas económicas vigentes. Sólo así la actuación del Estado será percibida como legítima y apoyada por los ciudadanos. Si los ciudadanos no perciben a su sociedad como justa, estable y eficiente, es que están cuestionando el contrato social. Las expectativas colectivas no se están reflejando en los arreglos sociales y económicos vigentes. La fragmentación apela a más participación ciudadana.
10. Más allá de la problemática Estado/globalización, todos los países de la región deben participar en el debate sobre la gobernabilidad de la propia globalidad. Los Estados latinoamericanos pueden y deben contribuir al debate y a los esfuerzos que se están realizando a nivel global para encauzar y dar un rostro más humano a la globalización. Una vía: sirviendo de correa de transmisión entre sus sociedades y empresas y las instituciones que contribuyen a articular una gobernabilidad global.
11. Paradójicamente, mientras la globalización ha erosionado la capacidad de acción de los gobiernos, deja en manos de los estados nacionales la compleja tarea de mantener la cohesión social pero con menos márgenes de acción para lograrlo.
12. La expansión de los mercados ha reducido los espacios para la diversidad de modelos de organización social y económica que implica la democracia. Pero esos espacios pueden ser ampliados si existe una voluntad política y, desde luego, participación ciudadana.

La perspectiva desde México

1. La globalización es ya una realidad irreversible e incuestionable que influye directamente en la vida cotidiana de todos los individuos. Sin duda, la globalización ha aportado importantes beneficios, pero ha generado amenazas ambientales y a la salud, ha propiciado la intensificación de actividades delictivas de corte transnacional y, en ocasiones, ha creado riesgos a la estabilidad financiera.
2. En ese escenario, el multilateralismo responsable adquiere un nuevo significado, como contrapeso al unilateralismo y como instrumento para responder a las realidades de la globalidad.
3. Por tradición, México ve en el multilateralismo un instrumento central de su política exterior. En la globalización, debe asegurarse la plena participación y representación de México en los principales órganos de gobierno de la ONU en materia de desarrollo, derechos humanos y seguridad.
4. En un mundo de turbulencias, México es un ejemplo de la capacidad de un pueblo de mantener una viva identidad frente a la avasalladora fuerza de una cultura dominante, a la vez que en su sociedad coexisten pueblos indígenas con sus propios valores.
5. Para asegurar una inserción exitosa del país en la globalidad, existen diversos medios e instrumentos. Sin embargo, ninguna acción en el exterior es fructífera cuando se carece de un eje de carácter prioritario: el consenso entre las principales fuerzas y actores políticos sobre el papel internacional de nuestro país.
6. De particular relevancia para responder a los retos de la globalidad, es la coordinación entre dependencias de gobierno para asegurar que se le da un debido seguimiento a las Metas de Desarrollo del Milenio acordadas por la ONU en la Cumbre del Milenio y ratificadas en la Cumbre 2005.