Nosotros, ciudadanas y ciudadanos, representantes de un centenar de organizaciones y organismos de la sociedad civil de diversas entidades y regiones de la República, reunidos en Pátzcuaro, Michoacán, en el Encuentro Nacional La Reforma del Estado y la Agenda Ciudadana, luego de debatir durante tres días, del 16 al 18 de junio del presente año, sobre diversos aspectos de la Reforma del Estado, hemos decidido por consenso formular la siguiente:

Declaración Política

A casi cinco años del 2 de julio del año 2000 poco se ha avanzado en el proceso de democratización del país. El enrarecimiento del ambiente político está arrastrando al país hacia una fuerte crisis institucional. Prevalecen en este ambiente el conflicto político y social, la estridencia, la descalificación -incluso al interior de los partidos-, y la manipulación informativa. Todo ello, aunado a la limitada respuesta que dan las autoridades locales, estatales y federales para satisfacer las principales demandas ciudadanas.

En muchos sentidos y en casi todos los ámbitos, el viejo sistema autoritario conserva aún su entramado jurídico e institucional, manifiesto en deleznables prácticas políticas que le acompañan. Después de muchos esfuerzos, conseguimos que se respetara el dictado de las urnas, como un triunfo de la ciudadanía. Desde entonces, los electores han sufragado libremente por la pluralidad de partidos nacionales y locales con pleno respeto al sufragio. Pero esa sana diversidad se ha topado con la persistencia de estructuras rígidas y prácticas autoritarias ancestrales que no permiten la conciliación de las legítimas demandas de los distintos sectores de la sociedad.

El alarmante incremento de la desigualdad social, los igualmente alarmantes índices de inseguridad, el constante deterioro ambiental, la destrucción del patrimonio cultural, el desvanecimiento de nuestras riquezas naturales, la precaria gobernabilidad democrática, la utilización de la justicia para intimidar y desacreditar a opositores, o bien, criminalizar los movimientos sociales, la galopante corrupción, la intromisión del dinero sucio en la política, el fortalecimiento de los poderes fácticos y la resistencia –a veces violenta–— de los actores políticos ante la crítica transformadora, están poniendo en riesgo nuestra viabilidad objetiva como Estado soberano.

Esta situación se expresa en un amplio y profundo estado de desencanto y desmovilización ciudadanas que está propiciando la reaparición de un fuerte abstencionismo en los procesos electorales, en el abandono ciudadano de la participación en las cuestiones públicas, y en un incremento de las situaciones que propician la violencia, la confrontación, el desgarramiento y la descomposición del tejido social.

En el mismo sentido, el estancamiento económico, la creciente dependencia y el desmantelamiento de sectores completos de la actividad productiva, así como la contracción del mercado interno y de los salarios, ponen en tela de juicio los propósitos y métodos de la economía de mercado vigente. Esto nos obliga a cuestionar sus fundamentos, así como el papel que el Estado debe desempeñar como garante del desarrollo frente a la lógica de mercado dominante.

Estamos muy cerca de una situación que podría calificarse como la de un Estado fallido. Los partidos políticos y el gobierno han dado la espalda a la sociedad y no han tenido la capacidad de destrabar juegos de intereses y limitaciones jurídicas e institucionales, que han colocado al país ante el inminente riesgo de una seria involución democrática que, a su vez, se erige como una severa y constante amenaza de crisis económica, política, social, ambiental, cultural y educativa.
México es una nación con una compleja y rica trayectoria histórica, con recursos físicos y humanas enormes. Es una nación pluriétnica y pluricultural que cuenta, además, con grandes recursos intelectuales, científicos, culturales y artísticos. Sin embargo, su escaso aprovechamiento está lejos de traer los beneficios que podrían procurar a la sociedad.

Es necesario revalorizar el campo cultural y educativo con una visión integradora de las diversidades, los derechos y libertades culturales y la capacidad de producción y acceso a estos bienes y servicios.

Por las razones y gravísimos riesgos enunciados, y conscientes del papel que a la soberanía emanada del pueblo le corresponde desempeñar en todo momento, aún más en la situación que hoy enfrenta, hemos decidido asumir la responsabilidad histórica de convocar a toda la sociedad civil del país para crear un amplio y plural movimiento ciudadano, unificado bajo la bandera de la Reforma del Estado Mexicano.

Dicha reforma conlleva, desde nuestra perspectiva, una refundación constitucional de la República:  de sus bases jurídico-constitucionales y generales, pero –sobre todo – de los valores y del rumbo de su desarrollo económico-social. La necesidad y el planteamiento de la Reforma del Estado se originan en el impostergable imperativo de garantizar la vigencia y el respeto de– todos–los derechos humanos para toda la población, como columna vertebral de todo el quehacer político y gubernamental.

Requiere también de la edificación de un verdadero Estado de Derecho. El respeto a la ley y el orden institucional debe imponerse y prevalecer sobre las tendencias de las prácticas autoritarias y facciosas. Una revisión integral de nuestro máximo ordenamiento jurídico nos permitirá ampliar la legitimidad democrática de nuestras instituciones, adecuándolas a las demandas de funcionalidad, transparencia y participación en la toma de decisiones públicas.

En México aún tenemos asignaturas pendientes que debemos resolver de manera simultánea al proceso de reforma estatal. Estamos obligados, por ejemplo, a esclarecer nuestro oscuro pasado de represión estatal, aún impune, que ha conducido a muchos de los abusos actuales. Además, precisamos fortalecer la pluralidad en la competencia política reconociendo la urgencia de la homologación y respeto a los marcos legales por parte de las autoridades gubernamentales, electorales y los partidos políticos. Ya no es momento de reformas parciales, el gradualismo de nuestra reforma política, iniciada hace más de 35 años, debe ser profundo e integral.

Ahora estamos en el momento histórico para reiniciar dicho proceso con una reforma sistémica de esta naturaleza. Con esta, tenemos la oportunidad de eliminar los vacíos legales, las redundancias y las grandes y graves contradicciones jurídicas, al tiempo que armonizaría las responsabilidades de las autoridades y actualizaría los derechos de los ciudadanos.

Al margen de todas las ideologías, es preciso señalar que la dignidad de la persona es el fundamento ético y la fuente de criterios para alcanzar la refundación de un Estado fortalecido y capaz de enfrentar la lógica de mercado imperante.

Aspiramos a un Estado social democrático y laico sustentado en el respeto a la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad. Conscientes del enorme esfuerzo y complejidad de nuestro propósito, hemos acordado en este Encuentro, desde los movimientos sociales en los que participamos, una Agenda mínima sobre la Reforma del Estado. Esta ha sido construida desde nuestra visión como ciudadanos y ciudadanas, con perspectiva de género, sustentabilidad, y desarrollo equitativo.
La transición política hacia la democracia ha sido un proceso largo y continuo. Desde los años sesenta del siglo XX, la sociedad civil mexicana contemporánea se encuentra comprometida con un proceso de construcción de ciudadanía, tanto individual como colectiva. El objetivo central de este esfuerzo ha sido siempre avanzar en la construcción de una democracia participativa frente a las limitaciones de la democracia representativa, que hoy en día es, por sí sola, insuficiente para resolver los problemas y conflictos sociales.

Hacemos un apremiante llamado a toda la ciudadanía con el objeto de reflexionar y debatir sobre la agenda que presentamos. El objetivo es enriquecerla con enfoques y aportes de toda la gama de la diversidad ciudadana. Se propone, al mismo tiempo, desarrollar acciones concretas para promoverla y convertirla en una herramienta eficaz, que sirva de base y guía para la construcción de un verdadero proceso de “ciudadanía en movimiento”, desde todos los ámbitos privados y públicos, y desde todos los rincones del país.

En estos momentos difíciles, los ciudadanos estamos obligados a impedir toda forma de involución democrática. Aspiramos a perfeccionar la democracia con fórmulas efectivas y eficaces de participación civil. Pero debemos subrayar que estamos igualmente obligados a trabajar por un futuro digno para toda la población nacional. Las tendencias actuales, en los terrenos de la economía y la sociedad, apuntan a mantener los patrones imperantes de desigualdad y pobreza para las mayorías nacionales. No podremos modificar dicha situación de otra manera, si no trabajamos de manera simultánea en la construcción de otro futuro posible para nuestro país y el mundo.

La visión de futuro que sustentamos las organizaciones de la sociedad civil que estamos proponiendo la Reforma del Estado, a partir de una reforma constitucional integral, contempla una filosofía y una mecánica incluyente, que significa reasumir la tradición humanista milenaria. Todos los derechos humanos, sin excepción, son inherentes a todos.

Se trata de un futuro que incluya a todos los mexicanos y mexicanas, incluso más allá de nuestras fronteras. Intentamos de esta manera, construir efectivamente un futuro de bienestar y equidad, de instauración y consolidación democráticas, de respeto y ejercicio de los derechos humanos y de la diversidad cultural, para lograr una inserción y una contribución diferentes de México en el mundo globalizado.

En consecuencia, convocamos también a la clase política y a los partidos políticos a comprender que, más allá del próximo cambio de gobierno en el año 2006, lo que está en juego es el proyecto de nación a la que aspiramos y su viabilidad. Los apremiamos, desde este foro, a sumarse a tan urgente tarea. La clase política y los partidos están obligados con la nación. Es su tarea promover la apertura de espacios para reasumir la reflexión y el diálogo creativo que conduzcan a generar una dinámica política  capaz de acordar y concretar una cabal Reforma del Estado, cuyo resultado sea la construcción de un proyecto común para todos y todas.
Necesitamos y queremos una reforma integral, que implique una nueva forma de integrar y ejercer el poder público, con la representación efectiva y participativa de la ciudadanía. Tarde o temprano, la fuerza de la razón y de la voluntad ciudadana acabarán por hacernos comprender que éste es el camino humanamente justo y digno para transitar hacia el futuro

AGENDA CIUDADANA DE PÁTZCUARO

A lo largo de nuestra historia, el reemplazo del Poder Ejecutivo ha sido causa de agudas luchas intestinas que vulneraron la viabilidad del país. Basta recordar que en el siglo XIX sólo Guadalupe Victoria, Benito Juárez, Porfirio Díaz y Manuel González lograron terminar alguno de los periodos de gobierno para los que fueron electos. En nuestra época, de 1968 a 1994, cada etapa sucesoria ha traído consigo acontecimientos amargos y trágicos para toda la nación. Cada fin de sexenio, o su inicio, ha tenido fuertes crisis políticas y económicas.

Ejemplos de ello son las masacres de Tlatelolco, en octubre de 1968, y del 10 de junio de 1971; la toma del periódico Excélsior y la candidatura presidencial única de José López Portillo en 1976; la nacionalización de la banca (1982) y las múltiples devaluaciones; la ruptura de la corriente democrática del PRI (1987) y la formación del Frente Democrático Nacional (1988), el desplome de la bolsa de valores (1987) y la caída del sistema (1988); la aparición del EZLN, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y el fatídico error de diciembre, ocurridos en 1994.

No podemos retroceder ante la posible repetición de escenarios similares. La alternancia pacífica del 2000 significó un gran avance en la democratización del Estado mexicano. Es una obligación con nuestra nación que todos los actores relevantes establezcan condiciones que garanticen una elección ejemplar en el próximo año de 2006, cuyos resultados sean reconocidos por todos y que se consolide -para las generaciones siguientes- un

AGENDA CIUDADANA DE PÁTZCUARO

patrón de normalidad republicana. Es preciso asegurar los mecanismos de gobernabilidad democrática (políticos y financieros) que permitan al próximo gobierno –del signo que sea- enfrentar con prontitud y eficacia los problemas sociales más apremiantes. Resulta indispensable no postergar indefinidamente la Reforma del Estado, y es ya una condición impostergable el establecimiento de un mandato para que la Sexagésima Legislatura Federal asuma de una vez la revisión integral de la Constitución.

El panorama actual no es muy alentador, el país se encuentra enfrascado en la polarización y la parálisis política en materia de reformas estructurales en las instituciones políticas. La falta de consensos legislativos para reformar las instituciones del viejo régimen autoritario no sólo han retardado el proceso de transición, sino que se han generalizado entre la población las dudas sobre la funcionalidad de la democracia para responder a las demandas sociales más urgentes. El escándalo ha sustituido al diálogo y la escasez de ideas en el debate público se traduce continuamente en una lucha sin tregua por la sucesión presidencial adelantada.

Las descalificaciones se han extendido de la confrontación electoral a la vida interna de los partidos. La aparición de poderes fácticos domina el escenario nacional y es frecuente que se sobrepongan a las instituciones y la ley. En esta particular coyuntura sucesoria, se advierte el poder del dinero a través del dispendio de gastos y su nula transparencia. La amenaza de la intromisión de los gobiernos, federal y estatales, en el ámbito comicial viciarán de origen éste proceso. Ya es frecuente que los gobernadores de todas las entidades de la federación se conviertan en el factor decisivo de los procesos electorales. Por su lado, el Presidente de la República insiste en apoyar a su partido “dentro de la ley” en el curso de la sucesión del 2006, cuando precisamente la lucha por la democracia en los últimos 37 años ha consistido en evitar la intromisión del Poder Ejecutivo Federal en los procesos electorales.

Ante esta situación, que no puede ser encauzada debidamente por un orden jurídico e institucional sólido, son muchas las voces que exigen la reactivación del diálogo, la centralidad del debate público y la construcción de acuerdos que nos permitan salir del atolladero. Lo primero es entablar un diálogo franco entre todas las fracciones parlamentarias de ambas Cámaras y establecer una agenda legislativa común.

Si existe voluntad política y responsabilidad, es posible pactar, antes del registro de candidatos a la Presidencia de la República, las reformas que otorguen un blindaje seguro a la elección de 2006 y faciliten el ejercicio de la gobernabilidad democrática de la próxima administración federal. En este sentido, deberá formularse el compromiso explícito de una futura adecuación integral de nuestro marco normativo constitucional.

De las conclusiones del Encuentro Nacional “La Reforma del Estado y la Agenda Ciudadana” (Pátzcuaro, Michoacán 16-18 junio de 2005), se desprenden un sinnúmero de propuestas, que sistematizadas constituyen una útil guía de las reformas político-institucionales que necesita el país.
Esta agenda no pretende ser “la Agenda Ciudadana” por excelencia. Es una bitácora de la reflexión y la propuesta del Encuentro Nacional de Pátzcuaro, a la vez que una agenda de futuro de origen ciudadano. Su utilidad estriba en el hecho de servir como marco de referencia para las estrategias de las organizaciones de la sociedad civil nacional, en toda la pluralidad de sus expresiones, dentro y fuera del territorio nacional. A su vez, alerta y notifica a los gobiernos, en todos sus órdenes, de la impostergable necesidad nacional de reformar nuestras leyes e instituciones en beneficio de todos. En general, convoca a la opinión pública y a la clase política, a la ineludible tarea de consolidar nuestra democracia y reorientar el desarrollo de la nación. Y esto sólo es posible a través de hacer realidad la Reforma del Estado en México.

Como se puede observar, la Agenda Ciudadana surgida del diálogo y el debate de Pátzcuaro, está organizada alrededor de 10 grandes temas. Cada uno de ellos constituye una matriz, que se desagrega lógicamente en una serie de enunciados generales que postulan iniciativas, propuestas de política pública y orientaciones, también generales, para la Reforma del Estado.

Somos conscientes que el desarrollo ulterior de la Agenda Ciudadana requerirá de profundizar el debate, el diálogo y el acuerdo en seno de la propia ciudadanía en todo el país, así como entre nuestros compatriotas en el extranjero. Se trata, en todo caso, no sólo de enriquecerla sino de generar un proceso de real apropiación ciudadana de la Reforma del Estado

AGENDA CONVERGENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL

11. Establecimiento de un nuevo pacto político, económico, social, ambiental y cultural.
12. Incorporación de los derechos humanos como eje rector de una revisión integral de la Constitución General de la República y de las leyes secundarias.
13. Asunción del carácter multicultural, multiétnico y transfronterizo de la nación y del carácter laico del Estado.
14. Revisión del régimen de gobierno nacional, estatal y municipal.
15. Incorporación a la Constitución de los principales mecanismos de democracia participativa.
16. Consolidación de los mecanismos de participación ciudadana en la definición y desarrollo de las políticas públicas y del sistema de justicia.
17. Reconocimiento de los derechos culturales como parte substantiva del desarrollo humano y económico del país.
18. Revisión del concepto de soberanía, de los principios de política exterior y de la política sobre migración.
19. Redefinición de la inserción de México en la globalización.
20. Prioridades de la reforma electoral.
Todas estas propuestas implican un nuevo pacto nacional que se exprese en un nuevo orden jurídico constitucional.
1. Establecimiento de un nuevo pacto político, económico, social, ambiental y cultural
1.1. Diseñar y promover la celebración de una Cumbre o Acuerdo Nacional con participación ciudadana y de todos los actores públicos y privados, para la formulación de un Nuevo Pacto Político, Económico, Social, Ambiental y Cultural de carácter histórico, de modo tal que coadyuve a tejer una mayoría política, que garantice la gobernabilidad del país y un tránsito hacia un desarrollo políticamente democrático, económicamente sostenido, ambientalmente sustentable, socialmente justo y que reconozca y fortalezca el carácter social de la propiedad de los recursos naturales e industrias estratégicas (agua, tierra, biodiversidad, patrimonio cultural y espectros de radiocomunicación, petróleo y energía, principalmente). Debe garantizarse la orientación humanista del desarrollo y restablecer el carácter social del Estado con responsabilidad hacia el respeto y vigencia de los derechos humanos de todas las personas en nuestro país y de las y los mexicanos fuera del territorio nacional.
1.2. Convocar al Congreso de la Unión a una revisión integral de la Constitución y su reformulación, sobre las bases de ese Nuevo Pacto Político, Económico, Social, Ambiental y Cultural, que la sociedad civil deberá definir y para cuya conformación esta agenda, en su versión matricial y desagregada, es una aportación.
1.3. De manera complementaria, deberán formularse las iniciativas de sustitución o reforma integral del marco jurídico secundario.
1.4. Asimismo, deberá mandatarse el redimensionamiento y la refundación de las instituciones del Estado encargadas de operar, desde los tres poderes y los distintos niveles y órdenes de gobierno, el nuevo pacto con base en el fundamento constitucional y reglamentario que el Congreso apruebe.
2. Incorporación de los derechos humanos como eje rector de una revisión integral de la Constitución y de las leyes secundarias
2.1. Hacer una revisión integral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como de las de las entidades federadas, teniendo como eje rector el concepto de los derechos humanos. En esa perspectiva, deberá reconocerse, constitucionalmente, a todos los tratados de derechos humanos una jerarquía superior a la de los órdenes normativos federal y local, con el señalamiento expreso de que todos los poderes públicos se someterán a los mismos cuando confieran mayor protección a las personas que la Constitución o que los ordenamientos derivados de ella. Además, se deberá establecer un programa para el retiro de las reservas y declaraciones interpretativas y de ratificación inmediata de los tratados internacionales de nueva creación o los que estuviesen pendientes en materia de derechos humanos.
2.2. Los derechos humanos tienen como garantía a un Estado con varias dimensiones, por lo que es necesario el reconocimiento del pluralismo jurídico, estableciendo mecanismos de compatibilización y armonización de los sistemas jurídicos existentes.
2.3. Promulgar leyes generales reglamentarias de todos los derechos humanos.
2.4. Desarrollar los mecanismos subsidiarios de intervención de los poderes federales en las entidades federativas ante violaciones graves o sistemáticas a los derechos humanos atribuibles a las autoridades locales.
2.5. Conferir autonomía a todas las comisiones públicas de derechos humanos y dotarlas de la facultad de promover iniciativas de ley en sus ámbitos respectivos, presentar acciones de inconstitucionalidad y ampliar su competencia a asuntos laborales, electorales y administrativos, así como de orden discriminatorio y cultural, en el ámbito jurisdiccional.
2.6. Definir y aplicar un programa de acción integral en materia de las y los defensores de los derechos humanos que comprenda la protección a su función y el reconocimiento de su labor, al tiempo que fortalezca su participación en labores de escrutinio público en los juzgados cívicos, agencias del ministerio público y en todos los sitios de detención, arresto, retención o reclusión, entro otros ámbitos.
2.7. El Estado debe ser el garante de las distintas formas de vida, organización familiar y comunitaria y prácticas culturales, sin discriminación de etnias, clase, religión, género, opciones o preferencias sexuales, generacionales, capacidades diferentes y de salud o expresión corporal.
2.8. Establecer con precisión la penalización de la discriminación y etiquetar presupuestos que garanticen juicios justos, incluyendo programas de traductores en lenguas indígenas y fortalecimiento de la defensoría pública como parte de la garantía constitucional a un juicio justo.
2.9. Fortalecer los mecanismos públicos responsables de promover la equidad de género (institutos, coordinaciones, comisiones), así como las unidades sectoriales responsables de incorporar la perspectiva de género en las políticas sectoriales de los poderes ejecutivos; promover la creación de comisiones especializadas en los congresos locales y áreas de género en los poderes judiciales y órganos autónomos correspondientes. Desarrollar y apoyar mecanismos de articulación entre todas esas instancias.
2.10. Promover la eliminación del uso de estereotipos, prejuicios y estigmas (por sexo, edad, raza, etnia, condición económica, orientación sexual, religión o pertenencia política), así como de conductas discriminatorias en todos los instrumentos de carácter público que inciden en la formación y socialización de la población: en el campo educativo, en los medios de comunicación, en los espacios de difusión de la cultura y en la prestación de los servicios públicos.
2.11. Mantener separadas las funciones de las policías preventivas de las de los cuerpos que realizan tareas de investigación de delitos, y excluir la procuración de justicia del Sistema Nacional de Seguridad Pública; reordenar este sistema de manera que la Policía Federal Preventiva apoye la profesionalización de las policías locales, sin reemplazarlas. Asimismo, promover la sustitución progresiva y verificable de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública.
2.12. Fortalecer los mecanismos actuales de investigación de los crímenes del pasado y el presente, garantizando la reparación integral del daño. Las comisiones de la verdad han sido creadas por los Estados bajo la presión de la sociedad civil como resultado de graves violaciones a los derechos humanos. Estas comisiones buscan establecer la verdad histórica construida sobre la base de declaraciones, testimonios y cualquier otro tipo de prueba que pueda conducir a generar una secuencia lógica de acontecimientos y adicionalmente adjudicar responsabilidades en los autores físicos e intelectuales de esas violaciones. De esta manera, una comisión de la verdad sería imprescindible para combatir la impunidad y lograr la transición a la justicia. Asimismo, éstas son relevantes debido a que nacen fundamentalmente del principio básico de que el conocimiento de la verdad constituye una forma de reparación para las víctimas o sus familiares.
3. Asunción del carácter multicultural, multiétnico y transfronterizo de la nación y el carácter laico del Estado
3.1. Es necesario que se reconozca en la Constitución la convivencia fundada en la diversidad cultural, el derecho a la diferencia y el carácter transfronterizo de la nación, estableciendo como mínimos de esta convivencia el respeto y vigencia de los derechos humanos.
3.2. Reconocimiento de los pueblos indígenas como parte fundadora del nuevo pacto federal, así como de las autonomías indígenas (comunitarias, municipales y regionales) en la estructura jurídica institucional del Estado como un orden de gobierno (llevar a pleno efecto los Acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno hace casi diez años).
3.3. Afirmar el Estado laico como garantía para una efectiva redistribución de poder hacia toda la ciudadanía, al no privilegiar una orientación particular proveniente de ningún credo o religión, porque el Estado tiene que gobernar para todas y todos.
4. Revisión del régimen de gobierno nacional, estatal y municipal
4.1. Revisar el régimen de gobierno nacional, estatal y municipal, en la perspectiva de garantizar la gobernabilidad democrática, un auténtico equilibrio de poderes y la orientación social del desarrollo.
4.2. Acotar las funciones del Poder Ejecutivo Federal y las causales de juicio político y revocación del mandato del Presidente de la República.
4.3. Ampliar las facultades del poder legislativo federal de evaluación de planes y programas de gobierno, abriendo la modalidad de aprobación de presupuestos trianuales o multianuales.
4.4. Dotar al Senado de la República de facultades que le permitan participar en el diseño, revisión y construcción de la política exterior, en los procesos de negociación y evaluación de los tratados internacionales, y mandatar la renegociación de acuerdos comerciales.
4.5. Precisar y delimitar las facultades del Congreso de la Unión para legislar sobre la cultura y sobre sus respectivas instituciones.
4.6. Reconocer y fortalecer al municipio como fuente de soberanía popular y como parte fundadora del nuevo pacto federal con soberanía, reconociendo su heterogeneidad y diversidad, así como otorgarle nuevas potestades, incluyendo la cuestión tributaria. Reconocer la libertad de los municipios para organizarse y asociarse.
4.7. Pasar del sistema de regidores al de concejales (en elección distrital) y crear la figura de parlamento municipal.
4.8. Reconocimiento en el texto constitucional de la soberanía de los pueblos indígenas sobre su territorio y sus recursos.
4.9. Instituir la participación y representación de los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión, en el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Judicial de la Federación, mediante instancias y mecanismos culturalmente pertinentes y basados en las formas democráticas que han ejercido consuetudinariamente los propios pueblos.
4.10. Establecer constitucionalmente el nuevo estatuto jurídico del Distrito Federal, con el fin de hacer corresponder los derechos y obligaciones de sus ciudadanos y los de su gobierno a los términos que corresponden a los estados federados.
4.11. Promover una profunda transformación en el sistema de justicia, que garantice el Estado de Derecho en todos los órdenes y la exigibilidad de los derechos humanos. Dicha reforma debe comprender el reconocimiento del derecho de las víctimas, el abandono del modelo de enjuiciamiento penal inquisitorio; así como dotar de autonomía a los órganos de procuración de justicia y de fiscalización federal; crear una jurisdicción especializada para adolescentes en conflicto con la ley; incorporar una justicia penitenciaria y acotar la justicia militar a su ámbito propio; igualmente, ampliar el alcance protector del Juicio de Amparo. Asimismo, se deberán unificar en el Poder Judicial de la Federación los órganos jurisdiccionales que están en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, incluyendo los tribunales laborales, administrativos, agrarios y militares.
4.12. Revisar el papel del Consejo de la Judicatura para una mejor estructura de la justicia.
4.13. Creación de una Comisión de Derechos Culturales y de un Instituto Federal Cultural autónomo.
5. Incorporación a la Constitución de los principales mecanismos de democracia participativa-
5.1. Reconocer en el texto constitucional formas y mecanismos de ejercicio de la democracia directa, tales como la iniciativa popular, la consulta ciudadana, el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato, para una efectiva participación ciudadana en las decisiones sobre asuntos fundamentales del país, y la posibilidad de candidaturas independientes.
5.2. Facultar al Instituto Federal Electoral como la autoridad encargada de organizar y vigilar los procesos refrendario y plebiscitario.
5.3. Incorporar la participación ciudadana como principio constitucional.
5.4. Establecer la obligatoriedad del referendo para toda reforma constitucional en aras de lograr la estabilidad de la Constitución.
5.5. Establecer la iniciativa social popular para la legislación y los programas públicos.
5.6. Revisar integralmente el marco jurídico general que regula las responsabilidades de los servidores públicos.
6. Consolidación de los mecanismos de participación ciudadana en la definición y desarrollo de las políticas públicas y del sistema de justicia 6.1. Fortalecer la democracia participativa a través de sistemas legalmente establecidos para garantizar la participación ciudadana desde su base, instituyendo instancias y mecanismos de democracia directa, así como el ejercicio de la autonomía de comunidades campesinas y urbanas en colonias y barrios, en los municipios, ciudades y poblaciones, para decidir sobre asuntos de interés fundamental para ellos, incluyendo decisiones sobre presupuestos, así como para impulsar y recuperar las instancias de vigilancia y evaluación ciudadanas.
6.2. Prever la participación de los usuarios, beneficiarios o actores sociales, en aquellas ramas de la administración pública que están encargadas de la planeación, la gestión y la evaluación de decisiones públicas; esta participación debe darse en el diseño de políticas de largo plazo que se traduzcan en servicios públicos. Se deberán crear y reconocer en la legislación a los Consejos Gestores de Políticas Públicas para los tres órdenes de gobierno, con decisiones vinculantes.
6.3. Diseñar mecanismos de participación ciudadana en el proceso legislativo.
6.4. Todos estos mecanismos de democracia participativa deben atender la perspectiva de género, el respeto a la pluriculturalidad y la no discriminación.
6.5. Incorporar mecanismos de transparencia en los procedimientos constitucionales de designación de servidores públicos de alto nivel no electos para los poderes federales y los órganos autónomos, que permitan a la sociedad aportar oportunamente a los órganos decisorios elementos de juicio respecto a la idoneidad de las personas propuestas.
6.6. Lograr el establecimiento, como organismo de Estado autónomo, de un Consejo Económico y Social de participación ciudadana, para el diseño de las políticas económica y social de Estado, y para garantizar la durabilidad de las mismas en horizontes de largo plazo.
6.7. Eliminar los obstáculos legales que impiden la transparencia en la gestión de todas las comisiones públicas de derechos humanos. Garantizar métodos de consulta a la sociedad en la selección de quienes dirigen y participan en los consejos ciudadanos (consejeros ciudadanos), así como promover la transparencia y la rendición de cuentas por parte de todos los organismos públicos dependientes del Poder Ejecutivo y que tengan atribuciones en el ámbito de los derechos humanos.
6.8. Reforzar los sistemas de control social y de transparencia en las actuaciones judiciales.
6.9. Garantizar la consulta y participación de los pueblos en la elaboración de aquellas leyes que repercutan directamente sobre la biodiversidad, sus conocimientos, sus recursos y su propiedad intelectual, incluyendo la de carácter colectivo, sobre la base del Protocolo de Cartagena y otros lineamientos internacionales.
6.10. Fortalecer y ampliar los espacios de la sociedad civil en el diseño de estrategias y medidas para reducir la brecha digital y del conocimiento.
6.11. Crear un Consejo Nacional de Política Exterior, en el que se encuentren representadas las distintas instancias gubernamentales, de carácter federal y local, así como los actores de la sociedad civil involucrados en la materia.
6.12. Es fundamental generar un mecanismo intersecretarial, con plena participación de la sociedad civil, que institucionalice la protección de los y las migrantes, diseñando políticas ad hoc y movilizando los recursos necesarios, además de garantizar la transparencia de las instituciones involucradas en el tema migratorio.
7. Reconocimiento de los derechos culturales como parte substantiva del desarrollo humano y económico del país
7.1. Incorporar en la Constitución el derecho a la cultura y a la comunicación como una garantía individual y de las colectividades, e igualmente el derecho de acceso a la información y los bienes y servicios culturales, llevando a su aplicación jurisdiccional los convenios y tratados internacionales suscritos por México en materia de cultura y educación. La Constitución debe también establecer la propiedad nacional del patrimonio cultural y la viabilidad de nuevas formas de declaratoria patrimonial.
7.2. Se deberá crear la Ley General de Cultura, con base en la reforma constitucional mencionada, que establezca, entre otros, mecanismos de protección y propiedad colectiva de los conocimientos y de la creación, así como la denominación de origen. Se deberá crear también, la Ley General de Protección, Preservación y Promoción del Patrimonio Cultural.
7.3. Reafirmar el carácter laico y gratuito de la educación pública, para lo cual será necesaria una reforma a la Ley General de Educación.
7.4. Establecer el derecho de los pueblos indios a la elaboración de los planes y programas educativos en concurrencia con el Estado, y a la comunicación intercultural.
7.5. Garantizar el derecho de los pueblos a determinar el acceso, uso y disfrute de sus recursos, protegiendo la apropiación tradicional de la biodiversidad por los pueblos indios, haciendo explícito que las mujeres tienen derecho a la propiedad de la tierra, sustento del arraigo cultural. Asimismo, garantizar que el conocimiento y los lugares sagrados de los pueblos originarios sean respetados por las leyes.
7.6. Insertar como reforma constitucional el reconocimiento de las industrias culturales como prioritarias para el desarrollo económico y social. Establecer una diferenciación entre empresas culturales, industria cultural e industria del entretenimiento, para fines de la aplicación de derechos y estímulos.
7.7. El Estado debe garantizar la protección de las industrias culturales ante los tratados de libre comercio, integrando un principio de excepción cultural o tratamiento diferenciado para la cultura. Modificar las condiciones comerciales pactadas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sustrayendo las industrias culturales de ese acuerdo comercial, en concordancia con la política promovida por la UNESCO en la Convención sobre la Protección de la Diversidad, a través de medidas que garanticen el acceso a los públicos, la limitación en la propiedad de los circuitos de difusión y distribución, y los incentivos fiscales necesarios para el desarrollo de la producción.
7.8. Realizar la reforma integral de la Ley Federal de Radio y Televisión sobre la base de los estándares internacionales de libertad de expresión y derecho a la información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
7.9. Abordar el tema del acceso a la sociedad de la información desde una perspectiva que incluya la infraestructura digital y de comunicación, así como el establecimiento de los marcos regulatorios para las empresas de telecomunica ciones y de tecnología, que garanticen el desarrollo y competencia de contenidos locales.
7.10. En el caso específico de la industria cinematográfica se hace necesario recuperar la autonomía en las decisiones nacionales en materia cinematográfica, solicitando las salvaguardas indicadas en el capítulo VIII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ante la amenaza de grave daño que vive el sector productivo nacional. Es necesario lograr revertir la tendencia a la baja de la producción cinematográfica y combatir la censura económica.
8. Revisión del concepto de soberanía, de los principios de política exterior y de la política sobre migración
8.1. Redefinir el concepto de soberanía recuperando y revisando las nociones de soberanía popular, laicidad del Estado y seguridad nacional. En esta redefinición se debe considerar al Estado y sus instituciones en su papel orientador, regulador y garante de los derechos humanos. A su vez, debe estar fundamentada en el reconocimiento de la ciudadanía en ejercicio pleno de sus derechos integrales. En particular, la actualización de la doctrina y estrategia de la seguridad nacional debe hacer la diferencia entre seguridad nacional y seguridad pública y construirse con amplia participación civil, estableciendo mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
8.2. Incluir en la Constitución un capítulo exclusivo sobre política exterior, revisando desde la perspectiva de pleno respeto y vigencia de los derechos humanos, los principios normativos que hoy se establecen, y haciéndolos vinculantes para todos los órganos del Estado.
8.3. Otorgar a los tratados internacionales la jerarquía que corresponde en el marco constitucional.
8.4. Apoyar la iniciativa legislativa conducente a independizar definitivamente al Servicio Exterior Mexicano de la jurisdicción de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, a fin de que la ley correspondiente tenga competencia exclusiva en el ámbito de acción de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
8.5. Impulsar una política migratoria que garantice el cumplimiento y la exigibilidad de todos los instrumentos internacionales de protección de los y las migrantes. Igualmente, se deben garantizar los derechos humanos de las y los migrantes extranjeros en nuestro territorio, poniendo especial atención al caso de los de origen centroamericano.
8.6. El voto de mexicanos y mexicanas en el extranjero no debe reducirse a la elección presidencial, sino ampliarse a la elección de legisladores y legisladoras.
9. Redefinición de la inserción de México en la globalización
9.1. Hacer un replanteamiento de la actual relación inercial con América del Norte a partir de nuestro propio proyecto de nación.
9.2. Apoyar la inserción paulatina de México en la Comunidad Sudamericana de Naciones y posteriormente impulsar la incorporación de los países de Centroamérica y el Caribe para convertirla en una Comunidad Latinoamericana.
9.3. Es imprescindible revisar y replantear nuestras relaciones con las distintas regiones del mundo a través de esquemas de cooperación para el desarrollo que involucren la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos, entre otros criterios, por medio del diseño e impulso de agendas convergentes.
9.4. Ante la crisis actual del Sistema de Naciones Unidas y ante la falta de legitimidad del modelo económico promovido por las instituciones financieras internacionales, es necesario fortalecer y priorizar el sistema multilateral por encima de los acuerdos bilaterales y redefinir las relaciones con dichas instituciones con base en el interés nacional.
10. Prioridades de la reforma electoral
10.1. Fortalecer los mecanismos de fiscalización del financiamiento público y privado que reciben los partidos políticos y las asociaciones políticas nacionales, considerando entre otros: la eliminación del secreto bancario para que las autoridades competentes puedan dar curso a la investigación de posibles irregularidades; un sistema de licitaciones para la compra de los insumos requeridos por los partidos y la inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
10.2.Regular el papel de los medios de comunicación en las campañas electorales, otorgando facultades al Instituto Federal Electoral (IFE) para que sea la única instancia que pueda contratar los tiempos de publicidad; impulsando la homologación de las tarifas políticas a las comerciales con el fin de reducir su costo; destinando a los partidos políticos un porcentaje de los tiempos oficiales en medios de comunicación para el desarrollo de sus campañas, descontando el costo que implique de las prerrogativas que les son otorgadas.
10.3. Tipificar nuevos delitos electorales e incrementar la penalización de los ya existentes. Por su importancia sobresale la sanción penal y pérdida de registro del candidato y/o de su partido político, por rebasar los topes de campaña establecidos por la ley o recibir financiamiento ligado a acciones ilícitas y/o del extranjero.
10.4.Reducir la duración de las campañas electorales (cuando menos al 50 por ciento de su duración actual); homologar el calendario electoral; definir y regular los tiempos autorizados para la realización de precampañas (vigilados y sancionados por el IFE), y que se rijan a partir de un calendario único.
10.5. Exigir calidad en los contenidos de las campañas políticas, privilegiando los debates substantivos sobre las propuestas y plataformas políticas de partidos y candidatos, y penalizando las descalificaciones o la reproducción de patrones de violencia, racismo o discriminación. Vigilar, además, que las propuestas y plataformas integren de manera transversal la perspectiva de género, entre otros criterios de evaluación que se desprenden de la presente agenda.