El empleo y la competitividad representan las dos aristas fundamentales de la problemática económica del país, toda vez que el empleo se relaciona con la capacidad de la economía para incorporar a la población a los beneficios del crecimiento, en tanto que la competitividad se refiere a la capacidad de la economía para atraer inversión y, por ende, para sostener un determinado ritmo de expansión. Son, asimismo, dos fenómenos íntimamente vinculados.



La economía mexicana ha mostrado graves deficiencias en materia de creación de fuentes de empleo productivas y bien remuneradas. En la medida en que el ritmo de crecimiento del producto ha sido mediocre, la creación de puestos de trabajo en el sector formal también ha sido pobre. Esta situación se refleja en la evolución de la población en situación de desocupación abierta, así como en la de la población subocupada o con empleo precario.



Frente a esta realidad, los primeros resultados de la consulta ciudadana que sobre estos tópicos se ha emprendido en el marco de México a debate, apuntan con claridad a tres problemáticas cruciales:

• La necesidad de llevar a cabo las reformas indispensables para conformar un mercado laboral más flexible y mejor adaptado a la racionalidad de la economía contemporánea.


• En adición a los cambios en materia laboral, es igualmente necesario impulsar la elevación sostenida de la productividad y de la capacidad de creación de empleo de la economía mexicana.


• Pero en la medida en que no se trata de crear cualquier tipo de empleo, sino de empleos productivos, bien remunerados y sustentados en su articulación con la lógica de la economía del conocimiento, es de vital relevancia la promoción del desarrollo tecnológico y de la capacidad para asimilar innovaciones.

El empleo es, a la vez, una consecuencia y un factor del crecimiento de la economía. Se asocia con la dinámica de la inversión pública y privada, nacional y extranjera, así como con los niveles de productividad imperantes y con la competitividad general de la economía.

• Hay una manera errónea de enfocar el tema de la productividad, de acuerdo con el cual se ha apostado por el abatimiento a toda costa de los costos laborales.


• Sin embargo, particularmente en marco de la economía del conocimiento, no es suficiente ser barato; se requiere algo más: tecnología e innovación


• A fin de cuentas, la apuesta por el bajo costo tiende a revertirse, toda vez que implica baja capacitación y deficiencias en materia de salud, nutrición y seguridad, es decir, un deterioro del llamado capital humano.

Se requiere una estrategia dirigida a la creación de empleos competitivos, que son los que representan una opción estable y digna de ingresos para la población. Se trata de crear los empleos del futuro y con futuro. Desde esta perspectiva, resulta crucial la posibilidad de que la población acceda a los activos cognoscitivos requeridos para insertarse con éxito a la dinámica de la economía del conocimiento. La educación, por ende, desempeña un papel clave en el desarrollo económico y, más en específico, en la ampliación de las oportunidades de creación de empleos de calidad.



Asimismo, es indudable que la problemática del empleo y de la competitividad está vinculada con la adopción de una amplia gama de estrategias, programas y políticas públicas. A este respecto, vale la pena subrayar la necesidad de contar con planes estratégicos de desarrollo sectoriales diseñados por los propios sectores. De igual manera, los programas existentes de apoyo a las pequeñas y medianas empresas deben desburocratizarse y hacerlos accesibles a los verdaderos empresarios.



Pero más allá de éstas u otras observaciones puntuales, conviene no perder de vista la dimensión cultural de la problemática del empleo. En efecto, se habla del empleo, pero no se habla de quien crea los empleos: el emprendedor, el que toma riesgos. Hay un prejuicio contra el que emprende. De hecho, se educa para crear empleados y no empleadores.

• Es por tanto indispensable quitar trabas al emprendedor, pero sobre todo es necesario que el proceso de toma de decisiones en todos los niveles (acción legislativa, diseño de políticas públicas y normas, amén de las asignaciones presupuestales) pasen por el filtro del fomento al empleo: ¿cómo inciden estas decisiones sobre el empleo?


• Si de lo que se trata es de crear empleo digno, no empleo a toda costa, se requiere promover el cambio cultural en el mundo de la empresa, se requiere una nueva empresa, socialmente responsable, que no se limite al mero cumplimiento de la legislación laboral.


• Cuando las empresas socialmente responsables y los sindicatos conscientes de su responsabilidad en materia de productividad tienen una visión de largo plazo, las convergencias entre ambos son la regla y no la excepción.

Por otro lado, una dimensión insoslayable de la problemática del empleo en el país es la cuestión del sindicalismo. No hay en México una política de Estado en relación con los sindicatos, una política orientada a favorecer el empleo y la competitividad.

• El enfoque prevaleciente es político y se dirige a garantizar el control gubernamental de los sindicatos mediante mecanismos corporativos que, pese a los cambios políticos experimentados, no han sido alterados.


• Se debe responder a la pregunta acerca de cómo crear las nuevas reglas que cambien la relación de los sindicatos con el Estado y como articularlos en una estrategia encaminada a la productividad, el empleo y la distribución del ingreso.

De cara a estos desafíos, es imperativo impulsar dos grandes transformaciones. Por un lado, reformar la legislación laboral. El artículo 123 de la Constitución es eminentemente social, pero la Ley que lo regula (la Federal del Trabajo) tiene muchas cosas que deformaron la respuesta concreta forma del Estado a la obligación marcada en el 123. Mucho de ello se hace vía el control. La Constitución marca derecho a huelga, derecho a la sindicalización, derecho a la contratación colectiva, que sólo se ejerce si una autoridad como la Secretaría del Trabajo lo valida. Así, fue limitándose la sindicalización, porque los que no eran leales al régimen no tenían derecho a sindicalizarse. Además, las empresas crearon sindicatos de protección, con los cuales modificaron salarios y condiciones de trabajo, pero a partir de un arreglo de las empresas con los abogados de los sindicatos.



La ley tiene que cambiar para que no sea el gobierno (la STPS) el que dé vida al sindicalismo. Que no sea una decisión política del gobierno, que haya autonomía en el derecho a la sindicalización. En ese marco también se formularían los contratos colectivos, cuyo contenido a su vez sería de orden público.

Las Juntas federales y locales deberían dejar de estar en el ámbito de la Secretaría del Trabajo, y pasar al del Poder Judicial, lo que evitaría la politización de la justicia laboral y dejaría el tema estrictamente en el ámbito obrero-patronal. Ello a su vez, garantiza el ejercicio de los derechos sociales de los trabajadores y abre la posibilidad de que en el seno de los sindicatos se instauren las prácticas democráticas, la transparencia y la rendición de cuentas.



Una vez que los sindicatos dejen de ser parte de una estructura autoritaria y corporativa se precisa un complemento: la creación de un Consejo Económico y Social, que permita que los sectores sociales puedan tener un sistema donde se les consulte para cuestiones fundamentales de políticas públicas. ¿Quienes compondrían dicho Consejo? Los empresarios, los trabajadores y el tercer sector, es decir la sociedad civil. Las funciones del Consejo, según la propuesta de ley que actualmente se impulsa, serían:

1. Agrupar los sectores de manera equitativa en número de consejeros.


2. El funcionamiento sería a través de comisiones temáticas que abordarían los temas de interés.


3. Las posiciones de estas mayorías y minorías serían de orden público.

Las facultades que tendría el Consejo Económico y Social serían cuatro, a saber:

1. Sería un organismo autónomo, como el INEGI, el Banco de México, y la UNAM, que tuviese presupuesto propio, que tuviese una junta de gobierno y que fuese reconocido por el Estado.


2. Que se haga obligatoria la consulta, es decir, que todas las iniciativas del gobierno (Ejecutivo federal) y las del Congreso que tengan que ver con el tema de economía y desarrollo social pasen por el Consejo. La opinión del Consejo tendría un tiempo límite para que no se convierta en un veto. Al término de ese periodo, si no responde el Consejo se da por hecho que no tiene opinión sobre el tema


3. Que tenga la capacidad de generar iniciativas. La iniciativa se mandaría al Congreso de la Unión y éste en sus facultades legisla, debate y la aprueba o rechaza.


4. Que en algunos de los casos fundamentales de política económica y social que apruebe el Consejo Económico y Social tuvieran vinculación.

¿Qué permitiría la consolidación de dicho Consejo Económico y Social? Que los sectores que lo integran cuenten con un mecanismo institucional que sustituya el mecanismo convencional de “hablar con el Presidente de la República en cortito”. Así sería un Consejo que represente los fundamentos de los grupos de interés, pero a través de representantes que tengan capacidad científica y técnica para ello. Es decir, que no sean los líderes que políticamente representan a los sectores.



Además, se propone que haya representantes de la academia, de especialistas, que le darían al tema a debatir la calidad científica y técnica para que los intereses de grupo no estuvieran basados en la particularidad que cada cual tiene de opinar sobre un tema y permitiría, desde la técnica legislativa, que hubiera asesores en el Consejo, hubiera un conocimiento profundo del tema, para que la opinión del Consejo sea integral y propositiva que, en un momento determinado, podría aumentar la calidad de las propuestas a debatir.



Así, lograr esos cambios permitiría avanzar para quitarle a los sindicatos el peso de la relación corporativa y ponerlos en un espacio donde puedan deliberar, al igual que a los empresarios, y se daría a la sociedad civil la oportunidad de que se exprese. El Consejo Económico y Social sería una vía institucional para que el gobierno escuche la opinión de estos grupos.



Pero existiría un asunto fundamental: la interlocución entre empresarios, sindicatos y tercer sector que deliberarían sobre un tema particular. Se sacaría de las esferas del poder público el debate y se integraría a través de un organismo autónomo del Estado reconocido para consulta obligatoria. Se tendría a esos grupos de la sociedad civil deliberando con el poder público en un organismo reconocido e institucional que no estaría sujeto a voluntad del gobierno sino a lo que en ese omento exprese la Ley.