RELATORÍA DE LA MESA DE

EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Moderador Germán Araujo Mata, Director General de la Confederación de las Uniones Sociales de Empresarios

Comentaristas:

Alberto Equihua, economista

Mateo Lejarza, Observatorio Ciudadano para la Reforma del Estado

Mateo Lejarza

Los diagnósticos son abundantes acerca de la complejidad de la actual situación económica. Hay muchas razones que se esgrimen para explicar por qué no hay empleo, por qué éste es precario y por qué no es competitivo.

Desde hace 15 años, en la UNT, hemos explorado cómo hacer para que la economía creciera, qué hacer para que fuera más distributiva y qué hacer para que los empleos garantizaran las condiciones de un buen empleo.

Hace 10 años se hicieron dos propuestas específicas que atacan una parte de la problemática. Son dos elementos que pueden coadyuvar a modificar las condiciones históricas por las cuales no se han generado los empleos suficientes y de calidad tanto en el campo como en la ciudad. ¿Qué frena esta última posibilidad?

Una de las cuestiones a destacar es el sistema corporativo, que convencionalmente funcionaba de manera vertical, teniendo al PRI como referente, pues los sindicatos tenían que estar afiliados a este partido, y el PRI era el gran gestor de las relaciones obrero-patronales de los sindicatos en general. Por lo que hoy los mejores contratos colectivos del país están en las empresas estatales o paraestatales. Era una manera de mantener una estructura vertical y de control sobre los trabajadores que, además, tenían que serle leales al sistema. Este esquema funcionó durante la época de la economía cerrada, en donde no importaba si los trabajadores o las empresas eran suficientemente competitivos.

A partir de la apertura, con el proceso amplio de privatizaciones, que trae consigo una reducción de la participación económica del Estado, algunas empresas de la economía mixta pasan a ser empresas privadas, y en ese momento las relaciones entre empresarios y trabajadores comienzan a tener complicaciones. Dos cosas tenían que modificarse para que el empleo fuera no precario, tuviese buenos ingresos y que las empresas fueran competitivas.

Por un lado, reformar la Ley Laboral. El artículo 123 es un artículo constitucional eminentemente social, pero la Ley que lo regula (la Federal del Trabajo) tiene muchas cosas que deformaron la forma de responder del Estado a la obligación social marcada en el 123. Mucho de ello se hace vía el control. La Constitución marca derecho a huelga, derecho a la sindicalización, derecho a la contratación colectiva, que sólo se ejerce si una autoridad como la Secretaría del Trabajo lo valida. Así, fue limitándose la sindicalización, porque los que no eran leales al régimen no tenían derecho a sindicalizarse. Además, las empresas crearon sindicatos de protección, con los cuales modificaron salarios y condiciones de trabajo, pero a partir de un arreglo de las empresas con los abogados de los sindicatos.

La ley tiene que cambiar para que no sea el gobierno (la STPS) el que de vida al sindicalismo. Que no sea una decisión política del gobierno, que haya autonomía en el derecho a la sindicalización. En ese marco también se formularían los contratos colectivos, cuyo contenido a su vez sería de orden público.

Las Juntas federales y locales deberían dejar de estar en el ámbito de la Secretaría del Trabajo, y pasar al del Poder Judicial, lo que evitaría el control político del sindicalismo y dejaría el tema estrictamente en el ámbito obrero-patronal. Ello a su vez, garantiza el ejercicio de los derechos sociales de los trabajadores y abre la posibilidad de que los sindicatos puedan practicar el ámbito de la democracia hasta donde deseen hacerlo.

Aquí también se debe revisar la ley corporativa que agrupa a los empresarios.

Una vez que los sindicatos dejen de ser parte de una estructura autoritaria y corporativa se precisa un complemento: la creación de un Consejo Económico y Social, que permita que los sectores sociales puedan tener un sistema donde se les consulte para cuestiones fundamentales de políticas públicas. ¿Quienes compondrían dicho Consejo? Los empresarios, los trabajadores y el tercer sector, es decir la sociedad civil. Las funciones del Consejo, según la propuesta de ley que actualmente se impulsa, serían:

1. Agrupar los sectores de manera equitativa en número de consejeros. La propuesta es 70 consejeros por parte de los empresarios; 70 consejeros por parte de los sindicatos o trabajadores; y 70 consejeros de sociedad civil. Todos con los mismos derechos.


2. El funcionamiento sería a través de comisiones, temáticas que abordarían los temas de interés: Se debate en una plenaria, después pasa a comisiones donde se delibera y se regresa al pleno para que se vote y dictamine.


3. Las posiciones de estas mayorías y minorías serían de orden público.

Las facultades que tendría el Consejo Económico y Social serían cinco, a saber:

1. Sería un organismo autónomo, como el INEGI, el Banco de México, y la UNAM, que tuviese presupuesto propio, que tuviese una junta de gobierno y que fuese reconocido por el Estado.


2. Que se haga obligatoria la consulta, es decir, que todas las iniciativas del gobierno (Ejecutivo federal) y las del Congreso que tengan que ver con el tema de economía y desarrollo social pasen por el Consejo. La opinión del Consejo tendría un tiempo límite para que no se convierta en un veto. Se dice que para las no constitucionales sería de 35 días y las constitucionales, 45 días. Al término de ese periodo, si no responde el Consejo se da por hecho que no tiene opinión sobre el tema


3. Que tenga la capacidad de generar iniciativas. La iniciativa se mandaría al Congreso de la Unión y éste en sus facultades legisla, debate y la aprueba o rechaza.


4. Que tenga derecho a controversia constitucional, es decir, si hubiera una falta constitucional por parte del Presidente de la República o por parte del Congreso de la Unión, que el Consejo Económico y Social pudiese presentar un recurso de controversia ante la Suprema Corte de Justicia, y señalar la anticonstitucionalidad de un decreto o una decisión de política de gobierno.


5. Que en algunos de los casos fundamentales de política económica y social que apruebe el Consejo Económico y Social tuvieran vinculación.

¿Qué permitiría la consolidación de dicho Consejo Económico y Social? Que los sectores que lo integran cuenten con un mecanismo institucional que sustituya el mecanismo convencional de “hablar con el Presidente de la República en cortito”. Así sería un Consejo que represente los fundamentos de los grupos de interés, pero a través de representantes que tengan capacidad científica y técnica para ello. Es decir, que no sean los líderes que políticamente representan a los sectores.

Además, la Ley propone que haya 25 representantes de la academia, de especialistas, que le darían al tema a debatir la calidad científica y técnica para que los intereses de grupo no estuvieran basados en la particularidad que cada cual tiene de opinar sobre un tema y permitiría, desde la técnica legislativa, que hubiera asesores en el Consejo, hubiera un conocimiento profundo del tema, para que la opinión del Consejo sea integral y propositiva que, en un momento determinado, podría aumentar la calidad de las propuestas a debatir.

Así, lograr esos cambios permitiría avanzar para quitarle a los sindicatos el peso de la relación corporativa y ponerlos en un espacio donde puedan deliberar, al igual que a los empresarios, y se daría a la sociedad civil la oportunidad de que se exprese. El Consejo Económico y Social sería una vía institucional para que el gobierno escuche la opinión de estos grupos.

Pero existiría un asunto fundamental: la interlocución entre empresarios, sindicatos y tercer sector que deliberarían sobre un tema particular. Se sacaría de las esferas del poder público el debate y se integraría a través de un organismo autónomo del Estado reconocido para consulta obligatoria. Se tendría a esos grupos de la sociedad civil deliberando con el poder público en un organismo reconocido e institucional que no estaría sujeto a voluntad del gobierno sino a lo que en ese omento exprese la Ley.

Alberto Equihua

Al plantear el empleo y la competitividad como objetivos se corre el riesgo de ser contradictorio. Perseguir competitividad no es sinónimo de mayor empleo. Sería un error plantear la posibilidad de que si se persigue la competitividad en automático se generará empleo.

Trasladar lo anterior a términos económicos significa que habrá mayor número de empresas compitiendo por un mayor número de consumidores. Ello las obligará a mejorar. La competencia entre los participantes es clave. Las mejores empresas, las más competitivas serán las que permanezcan. La definición anterior también aplica a los trabajadores. En consecuencia, las implicaciones para ambos “actores” es difícil de prever. Pero los más aptos y mejor adaptados económicamente serán los que permanezcan en el mercado.

Un enfoque sistémico de la competitividad, es una conjunción de varias condiciones que permiten la competitividad. En el mercado, ser competitivo es tener la capacidad de convencer a un cliente de que lo que comprará es “el mejor producto”. Esta interpretación también se aplica para el caso de la fuerza laboral. Tanto los empleados como los campesinos deben demostrar que su mano de obra como mercancía es la más conveniente.

Lo anterior también depende de varios factores no determinados por las empresas y los individuos, como los aspectos laborales, los relativos a la infraestructura -caminos, comunicaciones, energía-, etc. Ello implica, a su vez, otras decisiones relacionadas con el ámbito de las políticas públicas y las que emanan de las instituciones gubernamentales, que están determinadas por la regulación, la ley, para su aplicación (proyectos de construcción de infraestructura). El conocimiento, es un factor fundamental en el ámbito de la competitividad.

El empleo es el mejor indicador de que una economía está funcionando. La economía perfecta es aquella que es capaz de organizarse, desde la esfera de lo personal hasta el de las empresas, pasando por otras variables tanto internas (empresas, municipios, gobiernos estatales y federal) como externas. En donde la organización permita a las personas un trabajo en el que pueda contribuir a la riqueza de todos y, a su vez, lograr el ingreso equitativo y la generación de riqueza justas.

Propuestas de Sociedad en Movimiento Capítulo Durango.

Aprovechamiento de los recursos naturales:

Crear políticas públicas que permitan aprovechar y potenciar los recursos naturales, sobre todo en rubros específicos donde se tienen ventajas competitivas. Dichas políticas deberán estar orientadas al aprovechamiento racional y óptimo de los recursos por empresas o cooperativas nacionales, que detonen el empleo en las regiones y permitan la sustentabilidad de largo plazo, tal es el caso del recurso forestal en Durango, pudiendo a través de políticas adecuadas fabricar muebles y exportar al mundo, actualmente se vende el 95% de la madera en bruto, es decir sin ninguno proceso; igual caso la minería tan abundante en oro y plata, que la extraes compañías de fuera y no dejan beneficios para la entidad. Se requiere que los recursos beneficien y den empleo y oportunidades de generar empresas a las regiones que los poseen.

Tributación equitativa e igualitaria:

Que los impuestos cobrados a los contribuyentes, estén a la par de los que se cobran en países desarrollados, no podemos competir con desventajas, en México se tienen cargas excesivas de impuestos en un numero pequeño de contribuyentes cada vez más molestos por los aumentos, y que no se toma en cuanta al sector productivo del país en el diseño de las políticas recaudatorias.

El impuesto al depósito en efectivo (IDE), no ha disminuido la ganancia de los trabajadores de la economía informal, ni es una medida eficiente recaudatoria puesto que lo que hacen  para sortearlo es abrir “N” cantidad de cuentas bancarias, a nombre de familiares o amigos y distribuir los depósitos sin exceder el monto que los grava.