UN ACUERDO PARA UN MEJOR FUTURO

México es una nación que, simultáneamente, posee enormes potenciales y enfrenta serios desafíos. Los años por venir serán sin duda decisivos. Si los mexicanos somos capaces de aprovechar a plenitud nuestras capacidades y de ponernos en sintonía con la marcha del mundo, en el transcurso de dos o tres décadas estaremos en condiciones de acceder a niveles superiores de desarrollo económico y humano. Si, por el contrario, no somos capaces de dar respuestas adecuadas a los distintos retos políticos, económicos, sociales y culturales que como nación debemos encarar, no sólo habremos perdido otra valiosa oportunidad de desarrollo, sino que, dada la celeridad de los procesos de cambio tecnológico, económico y social característica del mundo contemporáneo, estaremos ante el riesgo claro de pasar a engrosar la ya larga lista de estados fallidos, incapaces de ofrecer a sus respectivas sociedades las condiciones mínimas de desarrollo humano.

Visión de futuro

Frente a este panorama, preocupa la ausencia de un verdadero proyecto de nación. La polarización que aqueja al país no sólo se refiere a las enormes disparidades de nuestra estructura social o a la diversidad cultural. También se expresa a través de la falta de un marco de referencia y de una imagen de futuro susceptible de ser compartida por una mayoría clara de mexicanos.

Ante la polarización de la política y su incapacidad para trascender los intereses coyunturales, la ciudadanía debe asumir el liderazgo y proponer una visión de futuro que dé sentido al quehacer colectivo. A grandes rasgos, esta imagen de futuro tendría las siguientes características:

1. Estructura social cohesionada en donde, en el marco de la pluralidad cultural que como sociedad nos distingue, la cohesión sea el fruto de un abatimiento significativo de los niveles de pobreza y desigualdad prevalecientes, de una educación de calidad y del desarrollo de valores y actitudes proclives a la innovación técnica y cultural.
   
   
2. Economía de mercado dinámica, competitiva y ambientalmente sustentable, capaz de alcanzar tasas elevadas y sostenidas de crecimiento a largo plazo. Ello implica una economía generadora de empleos y de oportunidades de desarrollo empresarial que le ofrezcan a la población una fuente digna y viable de ingreso; también implica un proceso amplio de modernización de la estructura productiva que, a través de los estímulos brindados por mercados auténticamente competidos, permita una articulación eficiente y competitiva de las cadenas productivas.
   
   
3. Orden político democrático y gobernable que garantice, por un lado, la capacidad del Estado para resolver conflictos dentro del marco institucional, así como, por otro lado, la construcción de acuerdos productivos a partir de reglas del juego que estimulen la cooperación. Requerimos un orden político donde el imperio de la ley sea fuente de certidumbre y donde la transparencia y la rendición de cuentas sean premisa de la eficiencia gubernamental. Aspiramos a la consolidación del cambio democrático y, en tal sentido, al paso de una democracia electoral a una democracia de ciudadanos capaces de exigir y de disfrutar con responsabilidad de derechos plenos.

El logro del éxito como nación no es opcional. Es una cuestión de viabilidad e, incluso, de sobrevivencia. Y aunque se puede sostener que México cuenta con recursos y tiene frente a sí una amplia gama de oportunidades, no es menos cierto que, hasta ahora, el avance del país ha estado lastrado por la incapacidad de los actores políticos para alcanzar acuerdos y por la incapacidad de los actores sociales y económicos para asumir los compromisos que conlleva su participación responsable en la vida pública. Necesitamos, desde luego, alcanzar acuerdos en torno al futuro que deseamos y a las vías para lograrlo, pero requerimos también de un profundo cambio de mentalidad que nos permita sacudirnos la arraigada imagen de víctimas y afirmar nuestra vocación de nación exitosa y, en paralelo, renovar la ética pública y desarrollar los valores y las actitudes propias de ciudadanos mayores de edad, dueños de su destino y protagonistas centrales de la construcción de su futuro.

Propuestas

Hay una aspiración ampliamente compartida por los distintos sectores de la sociedad mexicana: arribar a una modernidad entendida como el mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de la población; una modernidad que nos permita vivir en paz, disfrutando de las libertades, la seguridad y la justicia a la que legítimamente tiene derecho todo mexicano.

Requerimos para ello una amplia gama de cambios en prácticamente todos los órdenes de nuestra vida económica, política y social. No obstante, es posible identificar un núcleo compacto de reformas y de políticas de evidente relevancia estratégica. Éstas son:

• La adopción de una política social orientada a garantizar una auténtica igualdad de oportunidades a través de la apertura de opciones productivas acordes con la racionalidad del cambio económico y tecnológico; el acceso pleno de la población a los activos cognoscitivos y de actitudes necesarios para articularse a las realidades del mundo de hoy; y la construcción de un piso básico de seguridad social sustentado en el acceso universal a servicios educativos, de salud y de jubilación de calidad.
  
• La revisión del modelo económico en el sentido de favorecer la transformación de una economía guiada por la lógica de la captura de rentas a una economía orientada a la generación de riqueza. Sobre esta base, remover los diferentes obstáculos que, en los sectores clave de la actividad productiva, impiden el despliegue del potencial competitivo del país y la obtención de tasas más elevadas de crecimiento y de creación de empleo.
  
  
• La construcción de un sistema político representativo y al servicio de la ciudadanía. En paralelo, el fortalecimiento del Estado en dos aspectos clave
  
  - La ampliación de sus capacidades fiscales a través de una reforma hacendaria integral (que involucre tributación, gasto, presupuestación y, en general, la simplificación de las reglas del juego fiscal).
  
  - La puesta al día de las reglas fundamentales del sistema político con el fin de generar estímulos institucionales a la construcción de acuerdos.

Se trata de transformaciones estratégicas que atienden los retos prioritarios del desarrollo nacional. Con todo, estos cambios resultarán insuficientes si, en paralelo, no se produce una profunda renovación ética de nuestra vida pública.

La tarea es formidable y presupone, desde luego, avances significativos y verificables en terrenos como la transparencia, la rendición de cuentas y el abatimiento de la corrupción y la impunidad. Pero sobre todo presupone un enorme desafío cultural tanto para la clase política como para la propia ciudadanía. Mientras por un lado es imperativo dignificar la política, entendiéndola como la actividad que a través del diálogo racional y la construcción de acuerdos busca la realización del interés común; por otro lado, es indispensable el desarrollo de ciudadanos portadores de valores democráticos, plenamente conscientes de sus derechos y obligaciones para con el bien general de la nación.

LOS OBJETIVOS DEL ACUERDO POLÍTICO NACIONAL

Pobreza y desigualdad

En 2025, México tendrá una estructura social cohesionada en la que, sin menoscabo de su diversidad cultural, la convivencia pacífica y civilizada será la norma.

Para tal efecto, sin paternalismos y con la participación corresponsable de la propia sociedad, habremos de lograr:

• Erradicar la pobreza extrema y abatir a niveles inferiores al 15% del total de la población el fenómeno de la pobreza.
  
  
• Disminuir de manera drástica las desigualdades sociales y regionales.

México ofrecerá a sus habitantes una auténtica igualdad de oportunidades y, sobre todo, la posibilidad de acceder a niveles más elevados de desarrollo humano.

Para hacer realidad esta visión de futuro, la pieza clave de la estrategia encaminada a reforzar la cohesión social, vía el abatimiento de los niveles de pobreza y una mejor distribución de los recursos productivos y la riqueza generada, debe ser la articulación conceptual y operativa entre la política económica y la política social. Al poner el énfasis en el desarrollo del capital humano y en la generación de riqueza, la estrategia implica la superación de los enfoques paternalistas y exclusivamente asistenciales. Sin dejar de reconocer las responsabilidades del Estado en materia social, es la propia población la que debe erigirse en el principal artífice del mejoramiento de sus condiciones de vida.

Proponemos, en consecuencia, la celebración de un gran acuerdo político nacional encaminado al logro de los siguientes objetivos:

1. Crear las condiciones idóneas para que los sectores mayoritarios de la población queden incluidos, vía empleo productivo y/o alternativas propias de generación de riqueza, en los beneficios del desarrollo económico.
   
   
2. Garantizar el acceso universal (no restringido a los trabajadores asalariados del sector formal) y sostenible de la población a servicios de salud, nutrición, educación y seguridad social de calidad.
   
   
3. Favorecer la apropiación por parte de la población de los activos que le permitan acceder a fuentes de ingreso estables y suficientes.
   
   
4. Favorecer alternativas de desarrollo regional participativas, sustentables en lo ambiental, económicamente viables y en beneficio de los grupos sociales hoy en día excluidos.

Educación

En 2025, México contará con un sistema educativo de calidad que haga las veces de fundamento del desarrollo humano, de la cohesión social, de la vida democrática y de una economía competitiva e innovadora.

México tendrá un sistema educativo comprometido con la formación integral de la persona, que atienda por igual el objetivo de la provisión de herramientas cognoscitivas adecuadas al mundo de hoy y el de la transmisión y apropiación de valores.

Los fundamentos de dicho sistema educativo serán:

• Un mecanismo permanente de profesionalización docente y de evaluación autónoma de docentes y estudiantes con la correspondiente adopción de criterios meritocráticos.
  
  
• La participación corresponsable de la sociedad, desde los padres de familia y las organizaciones de la sociedad civil hasta un sindicato magisterial democrático y comprometido con la causa de la calidad educativa.

La construcción de un sistema educativo de excelencia debe ser entendida como un imperativo del bienestar material y de la dignificación de las personas, al tiempo que debe igualmente responder a las exigencias de un mundo en constante cambio. De ahí la naturaleza necesariamente integral de una estrategia orientada a formar personas, trabajadores y ciudadanos.

Proponemos, en consecuencia, la celebración de un gran acuerdo político nacional encaminado al logro de los siguientes objetivos:

1. Promover la formación en valores éticos y cívicos, así como la adopción de actitudes congruentes con el desarrollo global y con la cohesión social.
   
   
2. Impulsar una educación que permita a la población hacerse de las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) necesarias para una inserción exitosa en el mundo contemporáneo.
   
   
3. Consolidar la práctica sistemática de la profesionalización docente y de la evaluación y establecer un sistema de promoción y rendición de cuentas basado en el criterio del mérito.
   
   
4. Fomentar la acción corresponsable de los maestros, el sindicato, los estudiantes, los padres de familia, las autoridades, la sociedad civil y los sectores social y productivo interesados en el tema educativo.
   

Empleo y competitividad

En 2025, después de dos décadas de estabilidad y de tasas de crecimiento sostenido de 7%, México tendrá una economía capaz incluir a la población en los beneficios de la modernización a través de la creación de empresas productivas y, por ende, de fuentes de empleo y autoempleo bien remuneradas.

• Los mercados competidos generarán incentivos para la creación de riqueza y para la elevación sostenida de la productividad, así como para la asimilación, la difusión y la generación de innovaciones.
  
  
• La economía mexicana, al contar con los argumentos competitivos necesarios para articularse con éxito a la dinámica global, permitirá al país convertirse en un actor protagónico capaz de incidir en la marcha del mundo.

El factor crucial de una estrategia cuyo fin último sea favorecer el acceso de la población a niveles de bienestar material dignos se ubica en la superación de una racionalidad económica orientada a la captura de rentas (ganancias monopólicas y privilegios corporativos) y sustituirla por una racionalidad dirigida a la creación de riqueza y a la innovación. Sólo de esta manera será posible desatar el enorme potencial de la sociedad para generar, mediante su trabajo, su propio bienestar.

Proponemos, en consecuencia, la celebración de un gran acuerdo político nacional encaminado al logro de los siguientes objetivos:

1. Impulsar la competencia e imponer límites a la concentración monopólica y a las prácticas dirigidas a la captura de rentas.
   
   
2. Crear condiciones idóneas para la inversión productiva y para la creación de empleos formales, tanto en empresas grandes como en empresas micro, pequeñas y medianas.
   
   
3. Favorecer la multiplicación de oportunidades de ocupación digna y productiva facilitando la contratación, la capacitación, la creatividad y la productividad como base para mejorar tanto la condición financiera de las empresas y la remuneración de los trabajadores.
   
   
4. Impulsar la innovación científica y tecnológica y la creación de un entorno institucional, económico y de infraestructura idóneo para la elevación de la capacidad competitiva de la economía.

Estado de derecho y seguridad

En 2025, México será un país de leyes, donde las normas jurídicas serán acatadas y aceptadas por todos y donde, por tanto, funcionarán como un referente claro de la convivencia social.

El Estado de derecho será una realidad toda vez que:

• No existirá divorcio entre la realidad social y la norma jurídica.
  
  
• Los derechos humanos serán plenamente respetados y se convertirán en el criterio fundamental de la legitimidad del Estado.
  
  
• La corrupción como fenómeno sistémico será erradicada, gracias a la práctica generalizada de la transparencia y la rendición de cuentas.

Sobre esta base, el Estado estará en condiciones de cumplir con su tarea primordial de garantizar a la población la seguridad física y patrimonial indispensable para el despliegue de sus actividades.

Por ello, el eje estratégico que debe dar coherencia a las diferentes medidas encaminadas a hacer valer la ley, a salvaguardar los derechos fundamentales, a mejorar el desempeño del sistema de justicia y a abatir la corrupción y la impunidad es el rescate de la ética pública.

Proponemos, en consecuencia, la celebración de un gran acuerdo político nacional encaminado al logro de los siguientes objetivos:

1. Garantizar el respeto irrestricto al orden jurídico y constitucional por parte de todos los ciudadanos, los actores políticos y los sujetos colectivos, de tal suerte que ninguna fuerza ni actor social o político esté por encima o al margen de la ley.
   
   
2. Reconocer en la ley y en la práctica la superior jerarquía de los derechos humanos frente a cualquier otro bien jurídico o consideración política, económica o sociocultural.
   
   
3. Culminar en tiempo y forma la transición al sistema de justicia acusatorio con el fin de acceder a un sistema de justicia moderno, eficiente y al servicio de la ciudadanía.
   
   
4. Renovar los fundamentos éticos del orden social mediante la reducción a su mínima expresión los índices de impunidad.

Gobernabilidad democrática

En 2025, México contará con una democracia vigorosa y funcional, sustentada en una ciudadanía mayoritariamente portadora de los valores de la cultura democrática.

La capacidad de gobierno del régimen democrático estará sustentada en un marco institucional renovado, así como en la ampliación de las capacidades operativas y directivas del gobierno. El régimen democrático, por tanto, tendrá la capacidad para:

• Procesar acuerdos y generar consensos amplios en torno a los objetivos del desarrollo nacional.
  
  
• Procesar con apego a la ley y a los valores democráticos los conflictos inherentes a la vida social.

Sobre la base de una democracia representativa consolidada y funcional, se habrá completado el tránsito hacia una democracia participativa, en la que los ciudadanos son el centro y el motor de la vida pública.

Así, la estrategia encaminada a consolidar un régimen democrático gobernable y funcional debe dirigirse a la ampliación de la capacidad del sistema político para resolver conflictos, para responder a las demandas de la sociedad y para ponerse al servicio de la ciudadanía.

Proponemos, en consecuencia, la celebración de un gran acuerdo político nacional encaminado al logro de los siguientes objetivos:

1. Poner al día las reglas del sistema político con el fin de favorecer la construcción de mayorías estables y legitimadas y la relación fluida y productiva entre los poderes del Estado y los órdenes de gobierno.
   
   
2. Garantizar el sometimiento de los poderes fácticos al imperio de la ley y alinear sus intereses a los objetivos del desarrollo nacional.
   
   
3. Reforzar e imprimir mayor eficiencia al ejercicio de las capacidades rectoras, legales, fiscales y administrativas de la autoridad.
   
   
4. Promover la acción ciudadana y el paso de una democracia electoral a una democracia participativa con el fin de sobreponer los intereses de los ciudadanos a los de los grupos de interés y a los de los partidos políticos.
   

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